El PASO, Texas – El reciente cierre del espacio aéreo sobre El Paso generó versiones sobre el uso de tecnología militar para derribar drones vinculados a cárteles mexicanos. ¿Qué está confirmado oficialmente y qué proviene de reportes extraoficiales? Esto es lo que se sabe hasta ahora.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró que el cierre estuvo relacionado con una respuesta coordinada entre el Departamento de Defensa (Pentágono) y la Administración Federal de Aviación (FAA) ante una incursión de drones asociados a cárteles mexicanos en la frontera.
The FAA and DOW acted swiftly to address a cartel drone incursion.
— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) February 11, 2026
The threat has been neutralized, and there is no danger to commercial travel in the region.
The restrictions have been lifted and normal flights are resuming. https://t.co/xQA1cMy7l0
El Pentágono indicó que su postura coincide en términos generales con lo expresado por Duffy, aunque no ofreció detalles técnicos sobre las acciones específicas tomadas.
Las autoridades federales han reconocido en distintas ocasiones que las incursiones de drones en la frontera entre Estados Unidos y México son frecuentes, particularmente en zonas como el corredor El Paso–Ciudad Juárez.
Steven Willoughby, subdirector del programa antidrones del DHS, declaró en julio de 2025 ante el Congreso que organizaciones criminales transnacionales están usando drones “casi a diario” para mover drogas y vigilar a agentes fronterizos.
“En los últimos seis meses de 2024, se detectaron más de 27,000 drones a menos de 500 metros de la frontera sur, la mayoría de los cuales volaban a más de 400 pies (la altitud máxima de vuelo permitida para drones tanto en Estados Unidos como en México) o entre las 8 p.m. y las 4 a.m., cuando la oscuridad puede ocultar actividades ilícitas”.
Lo reportado por AP
La agencia Associated Press (AP), citando a tres personas con conocimiento directo del tema que hablaron bajo condición de anonimato, informó que el Pentágono planeaba probar un sistema láser para derribar drones presuntamente utilizados por organizaciones criminales mexicanas. Estos detalles no han sido confirmados públicamente por las agencias involucradas.
Según el reporte:
- Existieron fricciones entre el Departamento de Defensa y la FAA.
- La FAA buscaba garantizar la seguridad de la aviación comercial antes de cualquier prueba.
- Había una reunión programada a finales de este mes para abordar el tema.
- El Pentágono habría querido avanzar antes de ese encuentro.
- No está claro si el sistema láser fue finalmente desplegado.
Lo que no está claro
Hasta ahora:
- No hay confirmación oficial de que se haya utilizado un arma láser en El Paso.
- No se han divulgado detalles técnicos sobre el tipo de sistema antidrón considerado.
- La Casa Blanca, la FAA y el Departamento de Transporte no han emitido comentarios adicionales sobre una posible disputa interna.
El uso de drones por parte de organizaciones criminales en la frontera sur se ha convertido en un desafío creciente para las autoridades estadounidenses. Estos dispositivos pueden emplearse para vigilancia, transporte de pequeñas cargas ilícitas o monitoreo de movimientos de agentes.
Sin embargo, cualquier medida que involucre tecnología militar en espacio aéreo cercano a rutas comerciales requiere estricta coordinación con la FAA para evitar riesgos a vuelos civiles.
Por ahora, el cierre del espacio aéreo está oficialmente vinculado a una respuesta ante drones en la frontera. Los detalles sobre un posible uso de láser provienen de fuentes anónimas citadas por AP y no han sido confirmados públicamente por el gobierno de Estados Unidos.
Impacto operativo, económico y estratégico en la frontera
El cierre parcial del Aeropuerto Internacional de El Paso no es un hecho menor. Se trata de una terminal que moviliza entre 3 y 4 millones de pasajeros al año, de acuerdo con los registros recientes de tráfico aéreo, y que funciona como nodo clave para el oeste de Texas y el sur de Nuevo México. Cualquier interrupción, incluso de pocas horas, tiene efectos en cadena sobre aerolíneas, logística, turismo y comercio binacional.
Un aeropuerto estratégico
El Paso no es solo una ciudad fronteriza; forma parte de una zona metropolitana binacional junto con Ciudad Juárez que supera los 2.7 millones de habitantes. En ese contexto, el aeropuerto cumple una función estratégica:
- Conecta diariamente con hubs como Dallas-Fort Worth, Houston, Phoenix y Denver.
- Opera decenas de salidas y llegadas diarias entre vuelos comerciales y de carga.
- Sirve como punto clave para viajes corporativos vinculados a manufactura, comercio exterior y sector militar.
Además, el aeropuerto está próximo a Fort Bliss, una de las mayores bases militares del Ejército de Estados Unidos, lo que añade un componente estratégico adicional en materia de seguridad y movilidad institucional.
Cuando se produce un cierre parcial, aunque sea preventivo, el impacto operativo es inmediato:
- Cancelaciones y desvíos de vuelos.
- Reprogramaciones que afectan a cientos o miles de pasajeros.
- Incremento en costos operativos para aerolíneas (combustible, tripulaciones, compensaciones).
- Saturación en aeropuertos alternos cercanos.
Seguridad aérea y percepción pública
Más allá de la afectación económica, el elemento crítico es la confianza en la seguridad aérea. En Estados Unidos, el cierre del espacio aéreo es una medida excepcional que generalmente responde a:
- Amenazas de seguridad.
- Incidentes con drones.
- Operativos militares.
- Eventos climáticos extremos.
La sola activación de protocolos de restricción aérea genera atención nacional, ya que la FAA rara vez implementa suspensiones sin una evaluación de riesgo significativa.
En un contexto fronterizo, cualquier incidente vinculado al espacio aéreo también adquiere una dimensión geopolítica, especialmente ante el aumento de reportes sobre uso de drones en zonas limítrofes en los últimos años.
¿Qué es el programa antidrones del Departamento de Seguridad Nacional?
El programa antidrones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) es parte de la estrategia federal para enfrentar los riesgos asociados al uso malintencionado de drones (UAS – Unmanned Aircraft Systems).
A partir de 2010, el uso de drones recreativos y comerciales se disparó en Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación (FAA) registró cientos de miles de dispositivos operando en espacio aéreo civil. Aunque la mayoría tenía fines legítimos, fotografía, agricultura, inspección de infraestructura, comenzaron a aparecer riesgos concretos:
- Interrupciones en aeropuertos por avistamientos de drones.
- Uso para contrabando en prisiones.
- Sobrevuelos no autorizados en bases militares.
- Preocupaciones sobre posibles ataques terroristas con drones modificados.
Hasta entonces, interferir comunicaciones de un dron podía violar leyes federales como la Communications Act o la Wiretap Act. Las agencias de seguridad no tenían autoridad clara para bloquear o tomar control de estos dispositivos.
El punto de inflexión llegó en 2018.
La base legal: Preventing Emerging Threats Act
Ese año, el Congreso aprobó el Preventing Emerging Threats Act, incorporado dentro de la FAA Reauthorization Act of 2018. Esta ley otorgó al DHS y al Departamento de Justicia (DOJ) facultades limitadas y supervisadas para:
- Detectar drones sospechosos.
- Identificar al operador.
- Interceptar señales.
- Tomar control o deshabilitar aeronaves no tripuladas que representen una “amenaza creíble”.
La norma creó excepciones específicas a leyes federales que prohíben interferir comunicaciones electrónicas, pero bajo condiciones estrictas:
- Solo en situaciones vinculadas a la seguridad nacional.
- En instalaciones o eventos protegidos.
- Con protocolos definidos y supervisión del Congreso.
- Por periodos de autorización renovables.
No se trata de una autorización generalizada para actuar contra cualquier dron en el país.
El programa del DHS no es una unidad única, sino un conjunto de capacidades distribuidas entre varias agencias del departamento, entre ellas el Servicio Secreto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Protección Federal.
El proceso operativo se divide en cuatro etapas y la FAA mantiene la autoridad regulatoria sobre el espacio aéreo, por lo que cualquier operación antidrones debe coordinarse con esa agencia. En eventos designados como de seguridad nacional, como inauguraciones presidenciales o grandes eventos deportivos, se establece un comando unificado que puede incluir al Servicio Secreto, al DHS, al FBI y autoridades locales.
“Es absurdo pensar que los cárteles provocarían a Estados Unidos”
Para Vince Perez, miembro de la Cámara de Representantes de Texas, la versión del secretario de Transporte, Sean Duffy, es cuestionable.
“Esta administración suele involucrarse en guerras y conflictos en el extranjero. En mi opinión, los cárteles de la droga ofrecen una narrativa muy conveniente para sus intereses”.
Precisó que cualquiera que haya estudiado o entienda la forma en que operan los cárteles sabe que lo último que desean es provocar a Estados Unidos, especialmente bajo el liderazgo de alguien como Donald Trump, quien parece estar esperando cualquier oportunidad para intervenir en México.
“Los cárteles no harían nada que incentive una acción directa en su contra. Provocar a Estados Unidos solo serviría para justificar un ataque contra ellos. Por eso, resulta absolutamente ilógico pensar que un cártel enviaría deliberadamente un dron a territorio estadounidense con el propósito de atacar infraestructura del país. Simplemente, no es así como operan”.
El legislador añadió en entrevista con Proyecto Puente que líderes como Donald Trump utilizan a los cárteles o a esta región como chivo expiatorio para impulsar su propia agenda política y enfatizó que esa narrativa no refleja la verdadera naturaleza de la zona fronteriza de El Paso.
