El 28 de mayo de 2024, la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum encabezó un vistoso cierre de campaña en Jalisco, acompañada de cientos de candidatas y candidatos a cargos locales en un estado que, en ese año, renovaría la gubernatura, los 125 municipios y el Congreso local. Entre ellos, se encontraba Diego Rivera Navarro, el candidato de la coalición Morena-PVEM-PT a la presidencia municipal de Tequila, un municipio de 30 mil habitantes ubicado 60 kilómetros al norte de Guadalajara.
Ese día, la candidata Sheinbaum pidió un voto seis de seis; es decir, votar por los candidatos de la coalición a la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, la gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos. Sólo así, afirmaba Sheinbaum, sería posible acabar con la violencia y la inseguridad en Jalisco y en todo el país. La intención de la coalición oficialista era arrebatarle el poder local a Movimiento Ciudadano, partido que desde hace más de una década ha sentado sus reales en una entidad en la que, hasta 2018, había reinado el bipartidismo PRI-PAN.
Morena no ganó la gubernatura, ni logró que se anulara esa elección con el litigio que emprendió Claudia Delgadillo y las acusaciones de fraude en contra de Pablo Lemus, candidato de MC y hoy gobernador. Pero la coalición sí se convirtió en segunda fuerza política estatal, y ganó 34 municipios (19 de Morena, 11 del Verde y 4 del PT).
Diego Rivera Navarro se convirtió en uno de los presidentes municipales de la 4T en Jalisco, gobernó durante año y medio, hasta que la semana pasada fue detenido en un operativo de fuerzas federales y estatales, y presentado ante la opinión pública como responsable de encabezar una red de extorsión que exigía pagos a las empresas tequileras. Además, en las investigaciones de la FGR se le vincula con delitos de delincuencia organizada, y con el secuestro y tortura de dos precandidatos de su propio partido en el proceso electoral de 2021.
A pesar de que las denuncias de sus entonces competidores, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, fueron públicas, y aunque la mala fama de Rivera Navarro era un secreto a voces en la región, Morena lo dejó pasar como su candidato en 2024; lo subió al templete con Claudia Sheinbaum, quien incluso grabó un video de respaldo a su campaña, y lo convirtió en alcalde.
Hoy, es un gobierno de Morena el que ha decidido detenerlo y someterlo a juicio. Las dirigencias de Morena a nivel nacional y estatal se deslindaron de él y, finalmente, no se le encubrió frente a la acción de la justicia y el plan nacional desplegado en contra de la extorsión, como tampoco se ha encubierto a otros ediles surgidos de la coalición oficial en las acciones de la denominada “Operación enjambre”, por la que ya habían caído funcionarios municipales del Estado de México en 2025.
El caso de Diego Rivera Navarro, sin embargo, vuelve a mostrar la debilidad del poder municipal frente al crimen organizado y cómo, desde los más de 2 mil municipios que tiene este país, las diversas industrias delincuenciales han logrado infiltrar al Estado mexicano.
En aquel 2021, mientras Rivera Navarro “levantaba” a sus compañeros de partido para que no se interpusieran en sus deseos de ser candidato, 30 aspirantes y precandidatos, en Jalisco y otras entidades, eran asesinados. En 2024, mientras Sheinbaum le levantaba la mano a Rivera Navarro, la cifra de aspirantes, precandidatos y candidatos asesinados llegaba a 36 casos, cuatro de ellos en Jalisco, que se convirtió en el tercer estado con más violencia política en ese año, después de Guerrero y Chiapas.
Todos los datos, y todos los estudios que se han hecho sobre violencia político-criminal en las últimas dos décadas, apuntan al nivel municipal como el foco rojo de la infiltración, el eslabón más débil, donde las campañas se financian con dinero del crimen organizado, los grupos delincuenciales operan poniendo y bajando candidaturas, eliminando a personajes incómodos y encumbrando a quienes están dispuestos a trabajar con ellos, como es el caso de Rivera Navarro, a quien también se le investiga por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La propia Rosa Icela Rodríguez, hoy secretaria de Gobernación y anterior secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (de 2020 a 2024), lo reconoció así en una mañanera en marzo de 2021: La delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en estas elecciones, ya sea mediante estrategias de complicidad o de presiones violentas. Cooptan, acercándose a los precandidatos y se coluden con actores políticos de los partidos o gobiernos locales y, desde antes del proceso electoral, ofrecen financiamiento o donativos en especie o les otorgan protección y personal, capital humano para sus campañas. En algunas regiones, el crimen designa candidatos de áreas completas de los municipios, tomando el control de las finanzas, y extorsionan o piden moches, diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores. En otros estados se ha dado el caso de que bloquean a candidatos o partidos políticos que no responden a sus intereses.
El diagnóstico es demasiado claro desde hace muchos años y, hoy, nadie sabe cuántos alcaldes como Rivera Navarro están gobernando. Sus campañas pasaron por vías informales de patrocinio y los partidos los dejaron pasar, porque ofrecían votos y, en algunos casos, financiamiento a otras candidaturas; además, claro, de garantizar el triunfo. Un triunfo pírrico, que después habrá de saldarse con compromisos inconfesables, presiones, gobiernos maniatados y, lo que es peor, poblaciones asoladas por el crimen organizado instalado en los palacios municipales.
La caída del morenista de Tequila debería ser una llamada de atención para comenzar a limpiar la política en México. Una alerta de cara a la reforma electoral, donde el tema de la infiltración del crimen y el patrocinio ilegal de campañas no han sido puestos sobre la mesa como lo que son: las verdaderas prioridades de un sistema que se está pudriendo. Y un aviso, uno más, de cara a las elecciones de 2027, donde nuevamente habrán de elegirse alrededor de 2 mil ayuntamientos (todas las entidades, salvo Durango y Veracruz), con el riesgo de repetir elecciones violentas y controladas por el crimen, como las que ya tuvimos en 2015, 2018, 2021 y 2024.
Es mejor reconocer y afrontar el tema, que seguirlo evadiendo.
