La Policía Municipal de San Quintín, Baja California, detuvo a Erick Massid Cano, hijo de la alcaldesa Miriam Cano Núñez, luego de un altercado con personas que mantienen un plantón frente al Palacio Municipal desde hace más de una semana, en el que exigen la renuncia de funcionarios del gobierno local, incluida la propia presidenta municipal.
El aseguramiento ocurrió cerca de la medianoche del domingo 1 de febrero, un día después de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al municipio, quien fue recibida en medio de protestas y reclamos de jornaleros agrícolas por la falta de atención de distintas autoridades.

De acuerdo con los testimonios, el joven se acercó a uno de los manifestantes, a quien saludó antes de que se iniciara un forcejeo. Durante el momento de tensión, se le escuchó gritar: “Mañana vengo más bravo”, frase que repitió en dos ocasiones.
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Una de las participantes del plantón señaló que Erick Massid Cano, de 32 años, habría agredido a dos personas, identificadas como Jacobo Preciado y Giselle Gómez. No obstante, en un video difundido sobre el incidente no se aprecia con claridad que haya golpes directos, aunque sí se observa un intercambio físico y se percibe que el joven aparenta encontrarse en presunto estado de ebriedad.
Tras el enfrentamiento, elementos de la Policía Municipal intervinieron en el lugar y procedieron a trasladarlo a la comandancia, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente, en tanto se determina su situación jurídica.

Posteriormente, la alcaldesa Miriam Cano Núñez emitió un posicionamiento público en el que afirmó que se mantiene atenta a lo ocurrido y que su prioridad es “cuidar la gobernabilidad, preservar la paz social y garantizar el respeto al Estado de derecho”. Reconoció el impacto personal del hecho, pero subrayó que como presidenta municipal “la ley se aplica sin distinciones ni privilegios”, y que su cargo “no otorga privilegios a nadie”.
Asimismo, sostuvo que no intervendrá en el proceso legal y que permitirá que las instancias competentes actúen conforme a la ley, reiterando que el derecho a la manifestación y la libertad de expresión deben ejercerse dentro del marco legal, sin violencia, amenazas ni actos de intimidación.


