Según información de medios nacionales e internacionales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España dictaminó archivar la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos extrabajadoras que lo acusaron de presunto acoso y agresión sexual, al determinar que los tribunales españoles no tienen competencia legal para investigar los hechos señalados.
De acuerdo con información publicada por El País, el Ministerio Público concluyó que existe una falta de jurisdicción, ya que los supuestos delitos habrían ocurrido fuera de España y no se cumple ninguno de los supuestos que permitirían a la justicia española asumir el caso.
Hechos habrían ocurrido fuera de España
Las diligencias preprocesales, que se mantenían bajo reserva, se abrieron tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero por dos ex empleadas del artista. Sin embargo, la Fiscalía determinó que los hechos denunciados habrían tenido lugar en República Dominicana y Bahamas, países donde España no tiene competencia penal directa.
Además, se consideró que las denunciantes no son ciudadanas españolas, no son menores de edad, y que Julio Iglesias tiene su residencia habitual en República Dominicana, elementos que refuerzan la falta de competencia de los tribunales españoles.
Defensa solicitó el cierre inmediato del caso
Días antes de que se conociera la decisión de la Fiscalía, el abogado del cantante, José Antonio Choclán, solicitó formalmente el archivo del expediente. En un escrito de 15 páginas, argumentó que la Audiencia Nacional carece de jurisdicción para conocer el asunto y que la denuncia debió presentarse en el país donde presuntamente ocurrieron los hechos.
El letrado sostuvo que mantener abiertas las diligencias en España había generado un grave daño reputacional a su representado y pidió que se pusiera fin de inmediato al procedimiento.
Críticas a la estrategia legal y mediática
En su argumentación, la defensa cuestionó que la denuncia se presentara en España y no en el lugar de los hechos. El abogado señaló que acudir a la justicia española resultaba más favorable para los intereses de las denunciantes por el impacto mediático que ello conlleva.
También criticó a la organización Women’s Link, que acompañó la denuncia, al señalar que habría reconocido públicamente que se eligió España para asegurar una mayor visibilidad y eficacia en la investigación.
Para la defensa, no es jurídicamente viable que la Fiscalía española actúe como un “fiscal universal” ni que se otorgue a las denunciantes la posibilidad de elegir la jurisdicción que les resulte más conveniente.
El abogado de Julio Iglesias solicitó que se le permitiera personarse en las diligencias para conocer el contenido completo de la denuncia y ejercer su derecho a la defensa, petición que fue rechazada por la Fiscalía antes del archivo del caso.
Según la defensa, esta negativa impidió desvirtuar las acusaciones dentro del procedimiento y dejó al cantante sin mecanismos formales para responder en el ámbito judicial.
El cantante difundió mensajes privados en redes sociales
Ante la imposibilidad de acceder al expediente, Julio Iglesias optó por hacer pública su postura a través de Instagram, donde compartió capturas de conversaciones privadas de WhatsApp con las denunciantes.
El artista explicó que difundió los mensajes como una forma de defenderse públicamente y demostrar que la relación laboral se desarrolló en un ambiente cordial, sin señales de conflicto.
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Las conversaciones, fechadas en abril y mayo de 2021, así como mensajes posteriores al término de la relación laboral, muestran intercambios de agradecimiento, coordinación profesional y felicitaciones, incluso meses después de concluido el vínculo laboral.
Con información de EFE y Milenio
