La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha puesto en pausa. El desacuerdo en torno a los temas fundamentales es mayor y ha frenado la propuesta que redacta la comisión presidencial, presidida por Pablo Gómez.
El desacuerdo involucra a todos: a los integrantes de la comisión (una rara amalgama de claudistas y lopezobradoristas), a los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal y Adán Augusto López y sus vicecoordinadores, a las bancadas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, a la dirigencia de Morena, a los 24 gobernadores del oficialismo y a las dirigencias estatales del partido.
Pero, sobre todo, el desacuerdo es con los dos partidos aliados de Morena, de cuyos votos depende la aprobación de cualquier reforma constitucional.
Los números no mienten: sin los 62 diputados del Partido Verde y los 49 del PT, el oficialismo solo cuenta con 253 diputados, suficientes para aprobar reformas legales e incluso el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero no para alcanzar la mayoría calificada de 336 votos requerida para una reforma constitucional.
Y lo peor —para Morena y para la reforma que pretende Sheinbaum— es que uno solo de sus aliados no le sirve. Con el PT sumaría 302 votos; con el Verde, 315, aún lejos de las dos terceras partes.
Algo similar ocurre en el Senado, donde la mayoría calificada se alcanza con 86 de los 128 escaños.
Ahí, Morena tiene 67 senadores, suficientes para la mayoría absoluta, pero el PVEM, con 14, y el PT, con 6, son los que abren la puerta a las reformas constitucionales.
Como en la Cámara baja, Morena necesita a ambos aliados.
La alianza con dos partidos antes integrantes de la llamada “chiquillada” permitió a Morena construir un bloque legislativo y una coalición electoral eficiente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con Mario Delgado como uno de sus principales artífices.
Fue entonces cuando Morena, PVEM y PT integraron la Coalición Juntos Hacemos Historia, con la que ganaron 24 gubernaturas y, en 2024, la mayoría en el Congreso.
Con esa coalición, el presidente López Obrador y después la presidenta Sheinbaum ignoraron a la oposición, integrada hoy por PAN, PRI y MC.
Cuando se le preguntó a Sheinbaum si su reforma electoral pasaría por un diálogo con la oposición, descartó reunirse con sus dirigentes y descalificó propuestas de Claudio X. González y Lorenzo Córdova.
También rechazó reunirse directamente con el PVEM y el PT, y los remitió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lo que generó molestia entre sus dirigentes.
La presidenta omite una realidad: esos aliados ya son fundamentales para la Cuarta Transformación, no solo en lo legislativo, sino también en lo electoral.
Sin ellos no hay reformas constitucionales, como le recordó Ricardo Monreal, ni tampoco un buen escenario rumbo a 2027, cuando estarán en juego 17 gubernaturas y la mayoría en San Lázaro.
Hoy, esos partidos crecieron: ganan ayuntamientos y diputaciones locales, son clave para maniobrar en elecciones federales y para rebasar el límite constitucional de sobrerrepresentación.
El Partido Verde gobierna San Luis Potosí y controla estructuras que llevaron al poder a Eduardo Ramírez en Chiapas y a Mara Lezama en Quintana Roo.
El PT demostró en Coahuila (2023) y en las elecciones locales de Veracruz y Durango (2025) que sin su respaldo a Morena no le va bien.
Dejaron de ser partidos satélite.
Hoy exigen ser tratados como actores centrales en la negociación de la reforma electoral, piden lugar en la mesa, candidaturas y cuotas de poder en gobiernos de la 4T.
Haber hecho depender la Cuarta Transformación de dos partidos con una historia cuestionable se ha convertido en un bumerán político para la presidenta Sheinbaum, quien por ahora no tuvo otra opción que frenar la reforma político-electoral.
Paradójicamente, el futuro del sistema electoral depende hoy del PVEM y el PT, partidos que estuvieron cerca de perder su registro entre 2015 y 2016.
Su rechazo a perder plurinominales y prerrogativas podría moderar una reforma que, mal diseñada, pondría en riesgo dos pilares de la democracia: la representación de las minorías y la equidad en la competencia electoral.
Mientras algunos dan por muerta la reforma, en el oficialismo aseguran que habrá acuerdo, con una propuesta intermedia que reduzca costos sin afectar los intereses de los aliados.
Las próximas dos semanas serán decisivas.
