La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este miércoles la reforma a la Ley General de Salud que sanciona la distribución y comercialización de vapeadores en México, al señalar que estos dispositivos representan un riesgo considerable para la salud, especialmente entre la población joven.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria destacó que la modificación legislativa responde a evidencia sobre los efectos nocivos de estos productos.
“Los vapeadores hacen mucho daño a la salud. Hay esta idea de que si no se fuma cigarro y se utiliza el vapeador, pues tiene menos daño, y en realidad el vapeador tiene muchísimas sustancias y materiales que hacen muchísimo daño”, afirmó.
Sheinbaum añadió que, con la aprobación de la reforma, corresponderá a la Secretaría de Salud “organizarse” para garantizar la aplicación de las nuevas sanciones.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen este martes, con 292 votos a favor, 163 en contra y cero abstenciones, avalando cambios que prohíben la venta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares.
En lo particular, se aceptó la reserva presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, quien aseguró que quedó “jurídicamente blindado” que el consumo y la posesión para uso personal no constituirán una falta.
“Solamente aquellos que producen, consumen, comercializan y obtienen ganancias indebidas de ellos son los que van a ser sancionados”, apuntó Monreal, al tiempo que advirtió sobre el riesgo que representan estos productos para menores de edad.
“A mí me preocupan los niños; imagínense ustedes, niños de ocho años, de nueve años, ya haciendo uso de este letal artículo de consumo… los vapeadores, porque sí es letal”, añadió.
Las sanciones
La reforma establece penas de uno a ocho años de prisión para quienes vendan vapeadores o dispositivos similares.
Además, contempla una multa de entre 100 y 2 mil UMAs, equivalente a entre 11 mil 314 y 226 mil 280 pesos, según el valor vigente de esta medida económica.
Con estas modificaciones, el Gobierno federal busca frenar la distribución de productos que, de acuerdo con autoridades, representan un riesgo creciente para la salud pública.
