El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley General de Salud que prohíben la producción, comercialización, importación, exportación y publicidad de vapeadores. La medida contempla penas de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA (226 mil 280 pesos) para quienes incumplan la normativa.
Durante la discusión, la oposición cuestionó la iniciativa, calificándola como una criminalización de los usuarios de vapeadores.
El legislador morenista Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud, explicó que el proyecto no prevé sanción para los consumidores individuales:
“La reforma establece una prohibición absoluta de su producción, comercialización, importación, exportación y publicidad, (pero) quiero subrayar con toda claridad: no se sancionará al consumidor individual. La sanción recae únicamente en quienes pretenden adquirir estos dispositivos con fines de comercialización, distribución o lucro”, dijo.
Por su parte, la legisladora Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como la más prohibicionista, autoritaria y absurda en la historia:
“Un dictamen que criminaliza adquirir, conservar, almacenar, transportar, distribuir o vender vapeadores con penas de hasta ocho años de cárcel”.
Diputados del PAN, entre ellos Éctor Jaime Ramírez y Verónica Pérez Herrera, también criticaron la medida y denunciaron que el oficialismo busca el encarcelamiento de quienes sean sorprendidos con vapeadores.
La diputada Ana Isabel González, del PRI, señaló que la sanción por el uso o comercialización de vapeadores podría superar las penas aplicadas por narcomenudeo:
“La reforma abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico tenga una pena entre uno y ocho años de cárcel”.
Las reformas, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, establecen además la prohibición de la publicidad en cualquier medio y de la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas y drogas sintéticas no autorizadas, incluyendo el uso ilícito de fentanilo.
