Hermosillo, Sonora.– El Gobierno de Sonora fijó postura ante la reciente aprobación en Arizona para financiar proyectos de desalinización que podrían operar en territorio sonorense: la decisión final corresponde al Gobierno Federal y cualquier acuerdo solo avanzará si existe un beneficio claro para Sonora, afirmó Gerardo Valenzuela, coordinador de Enlace Internacional del Ejecutivo estatal.
En entrevista para Proyecto Puente, Valenzuela explicó que lo aprobado el 19 de noviembre en Arizona no es la autorización de una planta desalinizadora, sino la liberación de financiamiento para explorar proyectos potencialmente viables, avalada por la WIFA, organismo estatal que otorga créditos para infraestructura hídrica.
“No es un proyecto autorizado para sacar agua. Son posibles proyectos que aún deben pasar muchos procesos técnicos y diplomáticos”, aclaró.
Conagua tiene la última palabra
El funcionario dejó claro que la postura oficial debe ser definida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya que se trata de un asunto binacional.
Según indicó, la dependencia federal no tiene contemplado actualmente ningún proyecto de este tipo, aunque está enterada de las propuestas que han circulado desde administraciones anteriores.
Al tratarse de un eventual acuerdo internacional, Valenzuela señaló que deben intervenir también la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE9, la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y sus contrapartes estadounidenses.
¿Sonora entregaría agua desalada a Arizona?
Ante la pregunta directa, Valenzuela no cerró la puerta, pero fue enfático en que solo sería posible si representa un beneficio tangible para Sonora, ya sea económico o mediante intercambio de agua.
“Todo proyecto debe traer un beneficio considerable para el estado. Si la federación lo considera viable y Sonora recibe beneficios claros, podría ser una opción”, señaló.
Explicó que acuerdos similares ya existen entre ambos países en materia del Río Colorado, donde se realizan intercambios de agua como parte de convenios internacionales.
Valenzuela detalló que proyectos de desalinización a gran escala requieren inversiones altas y plazos largos.
El modelo planteado en administraciones previas estimaba hasta 10 años para comenzar a producir agua, una vez aprobados todos los estudios, permisos y la infraestructura.
Impacto ambiental: requisito indispensable
El coordinador de enlace internacional subrayó que cualquier iniciativa deberá someterse a estudios serios de impacto ambiental, pues la salud del Mar de Cortés no puede ponerse en riesgo.
“Si el estudio dice que el proyecto no es viable, no se hace. Es parte del proceso y debe cumplirse rigurosamente”, puntualizó.
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