En los últimos años, el gobierno federal ha hecho de la frase “atender las causas” su nuevo emblema en materia de seguridad. La idea suena bien: apostar a la prevención, invertir en la gente y cerrar las brechas que generan violencia. Es, en realidad, la versión más pulida de aquel lema que marcó el sexenio anterior: “abrazos, no balazos”.
El principio es correcto. Nadie puede oponerse a mejorar la educación, crear empleos o apoyar a los jóvenes. Atender las causas de la violencia es atacar la raíz del problema, no solo los síntomas. Pero en un país donde el crimen no descansa, los resultados tardan y la urgencia es hoy.
La reciente presentación del Plan Michoacán ilustra bien esta tensión entre las buenas intenciones y la urgencia de resultados. Con una inversión anunciada de 30 mil millones de pesos, más de la mitad de los recursos totales asignados al programa —57 mil millones—, el plan busca fortalecer la atención social, las pensiones y los programas de apoyo. No es mala idea invertir en bienestar; sin embargo, estos recursos rendirán frutos en el mediano y largo plazo, mientras la violencia golpea a las comunidades en tiempo presente. La presentación del plan también refleja la habilidad del gobierno federal para “empaquetar” programas, obras y acciones que ya estaban previstas desde hace meses, con el propósito de ofrecer una respuesta inmediata frente a la ola de manifestaciones y reclamos ciudadanos en Michoacán. Pero el desafío de atender el reclamo de justicia y seguridad inmediatas no se resolverá con anuncios de este tipo, repetidos en distintas etapas y regiones del país. La seguridad exige equilibrio: justicia social, sí, pero también presencia institucional, inteligencia y control territorial. El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue precisamente el hecho que detonó la presentación del plan. Su muerte evidenció la dimensión del desafío que enfrenta Michoacán y el país entero: un crimen organizado con control territorial, capacidad de fuego y poder de intimidación. En ese contexto, la inversión social no sustituye la obligación del Estado de garantizar seguridad y justicia.
La violencia no cede
Los datos oficiales muestran que la estrategia, aunque bien intencionada, no ha frenado la violencia. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2018 y 2025 el promedio diario de personas desaparecidas creció 121%. Tan solo en septiembre pasado se registraron 1,416 desaparecidos, la cifra más alta de la década. A la par, las víctimas clasificadas como “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal” —una categoría ambigua que agrupa agresiones graves sin tipificar como homicidios— aumentaron 103%. En estados como Baja California o Zacatecas, esos casos ya superan a los homicidios dolosos. Los números se maquillan, pero la violencia sigue ahí.
Prevención sin control
Atender las causas es apostar por una seguridad más humana, pero sin control territorial, investigación ni castigo, la prevención se queda en discurso. Hay comunidades donde el crimen dicta las reglas, cobra cuotas y desaparece personas. En esos lugares, esperar a que los programas sociales surtan efecto es esperar demasiado.
Las tareas urgentes de control, investigación y justicia requieren presupuesto —que aún no se refleja con suficiente fuerza en el PEF— y voluntad política —que debe traducirse en resultados. La propia Secretaría de Seguridad Ciudadana ha planteado reforzar las capacidades de inteligencia, mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer la presencia de la Guardia Nacional. Sin embargo, esas acciones necesitan respaldo presupuestal sostenido para consolidarse. Sin una presencia estatal efectiva —policial, judicial o militar— la narrativa preventiva corre el riesgo de quedarse en promesa.
Lecciones desde fuera
En Colombia, los programas de reintegración funcionaron solo cuando se acompañaron de presencia estatal y fortalecimiento policial. En Brasil, el programa “Fica Vivo” combinó atención a jóvenes en riesgo con operativos focalizados, logrando reducir homicidios. En cambio, los países centroamericanos que apostaron a la prevención sin control vieron crecer el poder de las pandillas. México corre ese riesgo: mucho discurso social, poco Estado.
Seguridad sin excusas
“Atender las causas” debe mantenerse, pero no puede ser la única estrategia. La seguridad pública exige acciones que funcionen ahora: policías mejor capacitados, coordinación entre fiscalías, investigación con tecnología y apoyo real a las víctimas.
México necesita combinar justicia social con justicia efectiva. De nada sirve hablar de causas si se deja impune la violencia cotidiana. Atender las causas es un camino; hacer cumplir la ley es la urgencia que no puede esperar.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional.
X: @gomezreyna
