El poder municipal se ha convertido en presa del crimen organizado. Antes, durante y después de las elecciones, cientos de presidentes municipales, regidores, síndicos, directores de policía, de obras, finanzas y otras carteras municipales son extorsionados, secuestrados, atacados en sus bienes o familias, levantados o asesinados.
Lo mismo ocurre con aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos que, en época de elecciones municipales, se convierten en víctimas principales de la violencia política.
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, es el último en una larga lista de funcionarios de diversos ayuntamientos que, en los últimos siete años, han sido asesinados por delincuentes que se disputan el control territorial.
El municipio se ha convertido en el eslabón más débil del poder político en México. Es ahí donde la delincuencia pone y quita ediles, elimina precandidatos y aspirantes, extorsiona, presiona, acosa, patrocina campañas y exige a cambio el control de las tesorerías, las policías y la obra pública.
Según datos de la organización Data Cívica, el 78 por ciento de las víctimas de la violencia político-criminal ocupan o compiten por un cargo a nivel municipal.
Esto, en un contexto de cada vez más violencia política, pues de acuerdo con la misma fuente, en los últimos ocho años se han registrado cada vez más agresiones de este tipo.
En 2018, Data Cívica registró 128 agresiones; 121 en 2019; 78 en 2020, año de la pandemia y el confinamiento; 177 en 2021, año de elecciones federales y locales; 486 en 2022, año en el que se dispara la violencia; 570 en 2023; 661 en 2024, año de la elección presidencial y elecciones municipales en casi todo el país, y 432 en los primeros nueve meses de 2025.
La cifra total de agresiones, según estos registros, es de 2 mil 653; de las cuales, 2 mil 100 habrían ocurrido en contra de funcionarios e instalaciones municipales, si se considera que el 78 por ciento suelen ocurrir en ese nivel de gobierno.
El proyecto Votar entre balas, de Data Cívica, registra mensualmente los ataques en contra de personas candidatas, funcionarias, autoridades de elección popular, familiares de estos funcionarios, militantes o dirigentes de partidos políticos, policías e integrantes de fuerzas de seguridad fuera de servicio, e instalaciones.
Además de asesinatos, estas personas sufren amenazas, secuestros, atentados y desapariciones, y las agresiones se intensifican en temporada electoral.
En el proceso electoral 2024, por ejemplo, se asesinó a 36 personas entre septiembre de 2023, fecha del arranque formal del proceso, y julio de 2024, cuando mataron al presidente electo de Copala, Guerrero, Salvador Villalba Flores.
De esas 36 víctimas de homicidio, 32 buscaban un cargo municipal: 25 la alcaldía, 5 una regiduría y 2 una sindicatura. Otras cuatro víctimas aspiraban a un cargo legislativo, y sólo dos buscaban un puesto federal.
Lo mismo ocurrió con las 32 personas aspirantes, precandidatas o candidatas asesinadas en el proceso de 2021, o las 28 de las elecciones de 2018. En una inmensa mayoría, aspiraban a un cargo en sus ayuntamientos.
Casi siempre el crimen tiene la mira puesta en lo local.
En su estudio de las elecciones de 2024, Data Cívica concluyó: “Dado que los ataques de violencia político-electoral suceden sobre todo a nivel municipal, la concurrencia de estas elecciones aumentó el riesgo del ejercicio de este tipo de violencia. De acuerdo con nuestros análisis, una hipótesis que sostenemos es que este tipo de ataques suceden como parte de un proceso de gobernanza criminal, en el que los grupos del crimen organizado buscan influir en la toma de decisiones de la esfera política para garantizar sus redes de protección”.
En 2024, la violencia no acabó al terminar el proceso electoral.
Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, según reportes de prensa, se ha asesinado a 10 alcaldes: Alejandro Arcos, de Chilpancingo, Guerrero; Román Ruiz, de Candelaria Loxicha, Oaxaca; Jesús Franco Lárraga, de Tancanhuitz, San Luis Potosí; Mario Hernández García, de Santiago Amoltepec, Oaxaca; Isaías Rojas Martínez, de Metlatónoc, Guerrero; Yolanda Sánchez Figueroa, de Cotija, Michoacán; Salvador Bastida García, de Tacámbaro, Michoacán; Lilia Gema García, de San Mateo Piñas, Oaxaca; Miguel Bahena Solórzano, de Pisaflores, Hidalgo, y Carlos Manzo Rodríguez, de Uruapan, Michoacán.
Los asesinatos se concentran en estados con graves problemas de gobernabilidad y territorios controlados por el crimen organizado: Michoacán, Oaxaca, Guerrero, donde los gobernadores de Morena —y el gobierno federal— han sido incapaces de combatir y frenar a quienes realmente mandan en sus estados.
Los casos se acumulan año tras año y cada vez es más clara la evidencia de que el gobierno de los municipios ya no radica en los poderes formales del Estado mexicano, o en los partidos políticos, sino en el poder de fuego y la capacidad económica de las organizaciones del crimen organizado.
Y no sólo es narcotráfico; los cárteles ejercen el control sobre el territorio para traficar personas, combustible robado, maderas preciosas y especies; para extorsionar a agricultores, productores, pescadores, comerciantes, pequeños empresarios o propietarios de fábricas, transportistas, restauranteros, hoteleros, dueños de ferias, cines y centros de espectáculos, e incluso artistas y deportistas.
Y también en lo local es donde con más frecuencia se usa la violencia para callar a la prensa, extorsionando, secuestrando, desapareciendo o asesinando periodistas.
La violencia en contra de los funcionarios municipales es el reflejo de un problema mayor; es la derrota del poder institucional frente al poder fáctico de la delincuencia. Y no, no se va a resolver con conferencias mañaneras.
