Por Arturo Ángel
La conductora y actriz Inés Gómez Mont no ha sido detenida por ninguna autoridad de los Estados Unidos, confirmaron a Proyecto Puente fuentes cercanas al caso. Esto, a diferencia de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien desde el pasado 24 de septiembre fue asegurado por agentes del ICE que lo interceptaron al salir de su domicilio.
Gómez Mont, al igual que Álvarez Puga, presentó una solicitud de asilo para permanecer en territorio estadounidense bajo el argumento de ser víctima de una persecución política en México que le obligó a abandonar el país. La petición sigue bajo estudio.
En nuestro país, la conductora tiene una orden de aprehensión girada en su contra por su participación en un esquema de delincuencia organizada presuntamente liderado por su esposo, a través del cual se habrían desviado cantidades millonarias del erario mediante contratos para temas de seguridad con empresas fachada.
Estas compañías fantasma, según la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/00001339/2019, transfirieron los recursos públicos recibidos a una extensa lista de más de cien personas físicas y morales. Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias recursos de dos compañías: Tangamanga, de cuyas cuentas salieron 12 retiros por 7 millones 395 mil pesos; y Gupea, de cuya cuenta se hicieron 15 retiros en beneficio de la conductora por 7 millones 448 mil 816 pesos.
En total, la FGR acreditó que Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos.
En contra de la orden de aprehensión girada por un juez de Almoloya de Juárez, los abogados de Gómez Mont promovieron un juicio de amparo que hasta la fecha sigue sin resolverse. Hace más de un año se realizó la audiencia constitucional para determinar si el recurso es procedente, pero, hasta la fecha, el juzgado no ha emitido ninguna resolución.
Jueza frena deportación exprés de Álvarez Puga
Luego de ser detenido el pasado 24 de septiembre, los Servicios de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos intentaron someter a Álvarez Puga a un proceso de deportación exprés bajo los parámetros de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Sin embargo, los abogados del empresario, John Patrick Pratt y Edward Fortunato Rosas, presentaron un recurso conocido como habeas corpus ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en contra de su detención y de la negativa a que se le presentara ante una corte migratoria para la fijación de una fianza.
Tras estudiar el caso, la jueza federal Cecilia M. Altonaga determinó que las reglas de deportación acelerada, que nulifican el derecho de audiencia, son procedentes para migrantes indocumentados que son detenidos al momento en que intentan ingresar a Estados Unidos, pero no para quien ya reside en el interior del país.
En ese contexto, el pasado 15 de octubre la jueza ordenó que Álvarez Puga sea presentado en audiencia ante una corte migratoria y que ahí se defina si se le fija una fianza o si es liberado sin ella. Todo ello mientras se resuelve su proceso migratorio.
Hasta ahora, dicha audiencia está en espera de ser programada. Mientras eso ocurre, el empresario sigue detenido en el centro de procesamiento migratorio Krome North, en Miami.
