El Gobierno de Estados Unidos impuso este viernes sanciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como a su esposa e hijos, acusándolos de “permitir” el tráfico de drogas ilícitas, según un comunicado publicado en el sitio oficial del Departamento del Tesoro.
La medida, que marca un nuevo episodio de tensión entre ambos países, se produce tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien el fin de semana amenazó con incrementar los aranceles a Colombia y posteriormente anunció la suspensión de la financiación estadounidense al país sudamericano.
“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.
Según el funcionario, el mandatario colombiano “ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”, por lo que, dijo, el presidente Trump decidió “tomar medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas”.
La designación implica la inclusión del mandatario colombiano y su familia en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que conlleva el congelamiento de bienes y restricciones financieras en territorio estadounidense.
Reacción de Petro
En respuesta, el presidente Petro confirmó la sanción a través de un mensaje publicado en sus redes sociales y aseguró que no cederá ante las presiones de Washington.
“Efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió: yo, mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, escribió el mandatario.
Petro añadió que “jamás estará de rodillas”, en alusión a la política exterior estadounidense y a lo que calificó como una medida “injusta y desproporcionada”.
Hasta el momento, el Gobierno de Colombia no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las repercusiones diplomáticas y económicas de la sanción, aunque fuentes de la Cancillería adelantaron que se evaluarán los próximos pasos en el marco del derecho internacional.
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Las sanciones representan un golpe sin precedentes en las relaciones bilaterales entre Washington y Bogotá, históricamente aliadas en la lucha contra el narcotráfico y la cooperación en materia de seguridad.
