En el último año y medio, al menos 13 personas han sido asesinadas en México luego de denunciar extorsiones o negarse a pagar derecho de piso a grupos del crimen organizado, revelan casos documentados por EL UNIVERSAL.
Entre las víctimas se encuentran empresarios, comerciantes, líderes de cámaras industriales y hasta trabajadores del sector informal. El caso más reciente es el de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, asesinado el pasado lunes en Michoacán.
Expertos en seguridad advierten que, en varias regiones del país, denunciar este delito convierte a las víctimas en blanco de represalias por parte del crimen organizado, en lugar de ayudar a las investigaciones para erradicarlo.
El 10 de julio de 2024, Minerva Pérez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California, fue asesinada a tiros en Ensenada, un día después de denunciar pesca ilegal y extorsiones por parte de cárteles en la región.
Poco después, el 30 de julio, Julio Almanza Armas, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, también fue asesinado. Días antes había alertado sobre la situación en Nuevo Laredo, donde numerosas tiendas y gasolineras cerraron debido a la extorsión. Fue atacado por hombres armados en Matamoros.
El fenómeno no se limita a grandes empresarios. El 8 de noviembre de 2024, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue asesinado César “N”, carnicero del Mercado 2 de Abril, presuntamente por negarse a pagar una cuota ilegal.
En 2025, el primer caso registrado ocurrió el 22 de febrero. Gael “N”, vendedor de carnitas en Nezahualcóyotl, Estado de México, recibió ocho disparos mientras instalaba su puesto. Según sus familiares, ya había recibido amenazas tras negarse a pagar extorsiones.
También se reportan los asesinatos de Julio Luna, dueño de Tacos del Julio en Nuevo León, quien había denunciado extorsiones ante la fiscalía local, y de cuatro empresarios en Tuxpan, Veracruz, entre marzo y abril. Las víctimas —dueños de farmacias, ganaderías, restaurantes e inmobiliarias— también habían reportado amenazas similares.
En Veracruz, fue asesinado Julio César Castillo Sáinz, propietario de un taller mecánico, y Irma Hernández Cruz, maestra jubilada que trabajaba como taxista. Fue secuestrada y posteriormente asesinada por negarse a pagar derecho de piso.
En Orizaba, Veracruz, el empresario de origen chino Zhu Yumju, de 34 años, fue acribillado frente a su restaurante, presuntamente por no pagar extorsión.
Desde el inicio del actual gobierno federal en 2019, el delito de extorsión ha crecido un 21.3%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hasta agosto de 2025.
Ese año, la extorsión representaba el 24.61% de los delitos de alto impacto. Para agosto de 2025, la cifra alcanzó el 29.84%.
El gobierno federal reconoce que no ha logrado consolidar la prevención, investigación ni sanción efectiva del delito de extorsión. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para homologar las penas de este delito, con castigos de hasta 50 años de prisión.
“Es una tarea pendiente que es obligado atender sin mayor dilación, de forma coordinada, asumiendo las responsabilidades que a cada orden de gobierno le corresponden y a partir de un marco jurídico claro, robusto y general”, señala la exposición de motivos del proyecto.
Especialistas consultados por EL UNIVERSAL afirman que denunciar la extorsión, especialmente en estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Baja California, pone en riesgo la vida de las víctimas.
Armando Rodríguez Luna, consultor e investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), advierte:
“Denunciar en condiciones donde tantos actores están involucrados y beneficiados por el cobro de piso, pues es prácticamente firmar una nota de suicidio. Es meterse realmente en problemas donde tu vida está de por medio”.
Uno de los principales obstáculos es el bajo índice de denuncia, producto del miedo y de las amenazas que, como muestran los casos, muchas veces se cumplen.
Rodríguez Luna considera que las nuevas estrategias del gobierno federal apuntan a mejorar los mecanismos de denuncia y a desarrollar capacidades de inteligencia para identificar a los responsables de las extorsiones, sobre todo a nivel local.
Sin embargo, el especialista enfatiza que este delito tiene un amplio margen de operación, afectando a pequeños negocios, empresas grandes, personas adultas mayores y comunidades vulnerables.
“El primer problema importante es que la gente no denuncia porque tiene miedo y tiene —particularmente a nivel local— que enfrentar muchas amenazas además de la extorsión. No es nada más sacar dinero, sino recibir amenazas específicas”, concluyó.
