Una jueza federal de Chicago bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, ordenado por la Administración Trump para reforzar las redadas migratorias en ese estado. La decisión se tomó luego de que un contingente de 200 soldados de Texas fuera enviado al área de Chicago hace dos días.
La magistrada April M. Perry anunció que emitirá una orden de restricción temporal que impide legalmente la movilización de las tropas en Illinois, al considerar que no existen “pruebas creíbles” de riesgo de “rebelión”, argumento con el que el Departamento de Justicia (DOJ) intentó justificar el despliegue.
La audiencia se extendió durante seis horas —incluyendo dos de receso— y contó con intervenciones prolongadas tanto de la Fiscalía como del Gobierno estadounidense, que había asignado a la Guardia Nacional la tarea de proteger a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su operación de arrestos masivos denominada Midway Blitz.
“Considero que permitir el despliegue de la Guardia Nacional en el centro de detención de Broadview o en cualquier otro lugar de Illinois solo echará más leña al fuego”, afirmó la jueza, agregando que la percepción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la situación es “simplemente poco fiable”.
La petición para bloquear el despliegue fue presentada días atrás por la administración estatal de Illinois, de gobierno demócrata, y cuestionada abiertamente por el presidente Donald Trump.
Tras conocerse la decisión, el gobernador J.B. Pritzker escribió en X: “Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley. Hoy, un tribunal confirmó lo que todos ya sabíamos”.
La jueza Perry, designada por el expresidente Joe Biden, advirtió al inicio de la sesión que la resolución “podría llevar un tiempo” debido a la cantidad de “preguntas pendientes” por responder.
Durante la audiencia, Christopher Wells, abogado de la Fiscalía General de Illinois, acusó a la Administración Trump de tergiversar y exagerar la “situación actual del estado” y de abusar de la autoridad presidencial para movilizar tropas de la Guardia Nacional de Texas. Señaló además que esta acción causa “daños irreparables” y que, aunque algunos manifestantes hayan tenido conductas “deplorables”, las medidas de Trump son “ilegales”.
Por su parte, Eric Hamilton, abogado del Departamento de Justicia, sostuvo que el tribunal no debía determinar si existe una rebelión, sino solo si hay riesgo de que ocurra. Los representantes del DOJ adelantaron que podrían apelar la decisión de Perry, quien ya había solicitado tiempo adicional el lunes para emitir su fallo.
Durante la sesión, la jueza preguntó a Hamilton si las tropas podrían desplegarse en barrios o zonas escolares, a lo que el abogado respondió que sería “siempre que sea preciso” para combatir la delincuencia “hasta cierto punto”.
Un grupo de exalmirantes y generales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos presentó ayer un documento a la jueza en el que advertían que este tipo de despliegues conlleva “riesgos implícitos” y podría derivar en una “politización de las fuerzas armadas”.
Ese mismo día, otro juez federal de Chicago impuso nuevas restricciones a los agentes del ICE, prohibiéndoles realizar arrestos sin orden judicial. La medida dio la razón a una demanda colectiva que denunciaba excesos por parte de la Patrulla Fronteriza.
En medio de la creciente tensión entre la Administración Trump y el Gobierno estatal de Illinois, el gobernador Pritzker también ordenó una investigación sobre una reciente redada de ICE en un complejo de apartamentos de Chicago, tras reportarse que entre los detenidos había ciudadanos estadounidenses y niños.
Con información de EFE.
