La Cámara de Diputados recibió una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que propone sanciones de hasta ocho años de prisión por la adquisición, almacenamiento y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores.
La propuesta plantea reformas a la Ley General de Salud y establece penas de entre uno y ocho años de cárcel por la “adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos y vapeadores”.
La misma sanción aplicará a quienes realicen publicidad o propaganda que fomente su consumo. Además de la prisión, se impondrá una multa equivalente de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La iniciativa fue enviada la tarde del jueves 25 de septiembre a la Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de Salud para su análisis.
El documento define los cigarrillos electrónicos y vapeadores como “aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora”.
La propuesta es reglamentaria de una reforma constitucional aprobada el año pasado, en la que se prohibieron los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Además de las sanciones, Sheinbaum incluyó modificaciones relacionadas con la compra de medicamentos e insumos médicos. El objetivo es que la Secretaría de Salud consolide la estrategia de adquisiciones, combata la corrupción, evite sobreprecios y atienda el desabasto.
En el texto se reconoce que “una de las problemáticas que mayores retos representa para las instituciones públicas de salud de nuestro país, es contar con abasto continuo y suficiente de medicamentos e insumos para la salud”.
La reforma también plantea que la Secretaría de Salud dé seguimiento y asesoría a los procedimientos de contratación consolidada entre dependencias federales, y que tenga control sobre la preparación, aplicación, posesión, importación, uso, suministro, exportación y distribución de medicamentos, productos biológicos, vacunas, insumos y dispositivos médicos, excepto los de uso veterinario.
La dependencia, encabezada por David Kershenobich, deberá administrar una base de datos nacional con información sobre servicios, infraestructura y equipo médico, que permita evaluar al Sistema Nacional de Salud. Asimismo, tendrá que implementar un Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico de Alta Tecnología, para planear la creación, sustitución y ampliación de unidades médicas.
Otro punto es que, en las compras consolidadas, la Secretaría de Salud deberá promover la participación de empresas o personas físicas que cuenten con inversión en la cadena de producción de medicamentos e insumos dentro del país, o que desarrollen investigación científica y productos innovadores en materia de salud.
