Este 26 de septiembre se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en 2014. A más de una década, los familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y autoridades coinciden en que, pese a ciertos avances, la verdad plena y la justicia siguen sin alcanzarse.
La noche del 26 al 27 de septiembre de aquel año, los normalistas fueron interceptados por policías municipales en complicidad con autoridades estatales y federales, de acuerdo con diversas investigaciones; los hechos dejaron además cinco muertos, entre ellos estudiantes, civiles y policías.
Como parte de los mecanismos para esclarecer el caso, el gobierno federal creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ).
Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han abierto nuevas líneas de investigación encabezadas por el fiscal Mauricio Pazarán, señalado como figura clave para dar resultados concretos.
En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Fiscalía General de la República publicar una versión pública del expediente, lo que fue visto como un avance hacia la transparencia.
Sin embargo, los padres de los 43 y colectivos denuncian que muchos documentos siguen sin entregarse y que la respuesta institucional continúa siendo insuficiente.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha rechazado la llamada “verdad histórica” presentada por el gobierno anterior, documentando alteraciones de pruebas, uso de tortura en declaraciones y omisiones graves en las investigaciones.
A once años del ataque, no se ha identificado plenamente a los responsables ni se conoce el paradero de los estudiantes. La consigna de los familiares permanece intacta:
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
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Pese a la creación de comisiones, nuevas pesquisas y órdenes judiciales, las organizaciones insisten en que la justicia requiere medidas más contundentes: acceso total a los archivos, avances claros en inteligencia e investigación, imputaciones firmes y, sobre todo, la localización de los jóvenes desaparecidos.
