Once años después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el caso sigue sin resolverse. Para las madres y padres, el camino ha transitado de “las mentiras del gobierno de Enrique Peña Nieto” a los avances parciales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que se detuvieron “al toparse con los militares”, hasta llegar al actual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, con quien consideran que el proceso permanece estancado.
Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante del colectivo Nos Faltan 43, advirtió que el voto de confianza otorgado a la presidenta “se va diluyendo poco a poco al no tener los resultados”.
“A la presidenta se le dio un voto de confianza, muchos padres y muchas madres decían, sobre todo las madres: ‘ella es mujer, nos va a entender, probablemente sea mamá y tenga un hijo, va a entender nuestro dolor’. Pero con estas reuniones que se han tenido, han visto que la disposición y la voluntad que ha referido tener en el caso de Ayotzinapa no se refleja en los hechos”, expresó.
La próxima reunión con Sheinbaum está programada para principios de noviembre. Tras ese encuentro, los padres decidirán si continúan en las mesas de diálogo o buscan otros mecanismos de presión. Durante el sexenio de López Obrador ya habían suspendido reuniones hasta recibir información nueva que justificara retomarlas.
Desde el inicio del actual gobierno, las familias se han reunido cinco veces con la presidenta. En la última, el 4 de septiembre, esperaban información sobre el análisis de la telefonía celular, una línea clave de investigación que apunta a que algunos teléfonos de los estudiantes siguieron activos tras la noche del 26 de septiembre de 2014.
Sheinbaum había anunciado la creación de un equipo técnico integrado por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la fiscalía, para revisar el tema. Sin embargo, Vicario recordó que se trata de una recomendación previa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no de una nueva línea de investigación.
Otro punto sin avances es el acceso a los 800 folios del Ejército, considerados fundamentales para esclarecer los hechos. Según Vicario, tanto López Obrador como Sheinbaum han repetido que “el Ejército ya entregó toda la información”, lo que ha limitado el proceso. La falta de acceso a esos documentos fue uno de los motivos que llevaron al GIEI a abandonar el país.
También sigue pendiente la investigación sobre siete estudiantes llevados a la barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. “Ahora se puede afirmar que sí fueron detenidos los estudiantes, sí fueron llevados a barandilla, y que de barandilla fue sacado este grupo de jóvenes, pero de ahí ya no sabemos más”, señaló Vicario. En esta línea figura José Ulises Bernabé García, juez de Barandilla en ese entonces, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde solicitó asilo.
Respecto a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal acusado de tortura, se informó a los padres que su extradición “está en trámite”. Hasta ahora, ninguna persona ha sido condenada específicamente por la desaparición de los 43; algunos, como el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, solo han recibido sentencias por otros delitos.
Tras la renuncia de Vidulfo Rosales a la defensa de los padres, este se incorporó al equipo del presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. Vicario consideró que, aunque no se ha discutido el tema, esa cercanía podría abrir oportunidades de diálogo con el Poder Judicial para impulsar las sentencias.
El desgaste entre los familiares es evidente. Durante la última reunión, uno de los padres acudió en muletas por complicaciones de diabetes, y otra madre enfrenta la amputación de un pie por la misma enfermedad. En estos 11 años han fallecido seis padres, entre ellos Minerva, Saúl Bruno, Miguel Mora Venancio y Bernardo Campos.
Vicario resumió la percepción de las familias: “En la primera acusación de Enrique Peña Nieto, solamente nos mintieron; con López Obrador pudimos avanzar en algunas cosas, hasta toparse con los militares y ya se quedaron estancadas las investigaciones. Y hoy, con la actual presidenta, con ese estancamiento de las investigaciones, no hemos podido dar un paso firme hacia adelante”.
El caso Ayotzinapa expuso a nivel nacional e internacional el patrón de desapariciones forzadas que ya ocurría en Guerrero. Desde los primeros meses, los padres enfrentaron intentos de manipulación, como cuando el gobierno estatal informó falsamente que 28 cuerpos en fosas correspondían a sus hijos.
Según Vicario, la desaparición forzada no solo inflige un daño físico, sino también psicológico y social: “Es una forma que tiene el crimen organizado de causar un dolor interminable a las familias, porque no se sabe el paradero de los familiares”.
El caso, añadió, se ha convertido en referente para otros colectivos de personas desaparecidas en el país, visibilizando la problemática y alimentando un movimiento social que se mantiene activo.
