Gobierno federal ha anunciado que a partir de 2026 incrementará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos y bebidas azucaradas (incluyendo a los de dieta o con endulzantes no calóricos) de 1 a 3.08 pesos por litro. Si usted tiene la adicción a los refrescos, ¿dejará por esto de consumirlo?
¿Cuánto aumentará el precio de los refrescos?
Supuestamente, según han explicado la Secretaría de Hacienda y la Presidencia, el objetivo del aumento no es recaudatorio, sino preventivo: se trata de reducir el consumo de refrescos, una de las principales fuentes de azúcar en la dieta de millones de mexicanos.
Los efectos en el bolsillo serán inmediatos. Una Coca-Cola de un litro, que hoy cuesta alrededor de 28 pesos, pasará a unos 31 pesos; un Manzanita de 2 litros (sin azúcar) pasará de 30 pesos a 36.16, pero que probablemente se redondeará en 36.50. Suponiendo que el consumidor adicto compra refrescos a diario, el efecto se multiplicará por el número de compras.
El Paquete Económico 2026 de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla además incrementos a otros productos considerados dañinos para la salud o el bienestar social, como cigarros, apuestas y hasta videojuegos con contenido violento.
El gobierno asegura que los recursos recaudados se destinarán a programas de salud pública: modernización del primer nivel de atención, promoción de hábitos saludables y acceso a tratamientos innovadores. En esa lógica, el IEPS 2026 no solo pretende encarecer los refrescos, sino también abrir la puerta a un cambio de comportamiento que proteja la economía familiar y la salud de los mexicanos.
El impuesto sí reduce el consumo
¿Qué dicen los estudios y comparaciones internacionales sobre los efectos de estos impuestos “saludables”?
La discusión sobre el impuesto a los refrescos no debe centrarse en cuánto más costará una botella de Coca-Cola o Pepsi, sino en lo que ganamos como sociedad cuando reducimos el consumo de estas bebidas. La evidencia internacional es clara: los impuestos a las bebidas azucaradas funcionan. Un estudio del Imperial College de Londres muestra que la demanda de refrescos es elástica, es decir, que los cambios de precio sí le afectan y reducen el consumo. En promedio, cada aumento significativo reduce las ventas en torno a un 15%.
Esto significa que subir el IEPS no es solo un castigo al bolsillo, sino un incentivo para que la población opte por alternativas más saludables. El beneficio es mayor entre los hogares de menores ingresos, que son los más sensibles al precio y, al mismo tiempo, los más afectados por la obesidad y la diabetes. Aunque algunos críticos hablan de un impuesto “regresivo”, lo cierto es que los más pobres obtienen los mayores beneficios en salud cuando disminuyen su consumo.
La experiencia mexicana lo confirma: tras el primer impuesto de 2014, bajaron las compras de refrescos y aumentó el consumo de agua y otras opciones no azucaradas. Otros países, como Hungría o Chile, han reportado resultados similares. Además, los impuestos crean incentivos para que la industria reformule productos, reduciendo la cantidad de azúcar por litro.
Quienes argumentan que estas medidas afectan a los pequeños negocios olvidan que los costos de la obesidad son mucho más altos. La OCDE estima que la obesidad le cuesta a México alrededor del 5% de su PIB en gastos médicos y pérdida de productividad.
Es cierto que ninguna política pública por sí sola resolverá la crisis de salud que enfrenta México. Pero los impuestos a los refrescos son un paso probado y en el sentido correcto. Lo que hace falta es que estos impuestos sean complementados con subsidios a frutas, verduras y agua potable de calidad, pueden contribuir a cambiar hábitos de consumo profundamente arraigados. Debiera además eliminarse la agresiva y engañosa mercadotecnia de los refrescos que le promete “vida y felicidad” al consumidor.
¿Acepta usted el reto de dejar de consumir refrescos?
