Con 18 votos a favor y 13 en contra, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Expropiación que permite al gobierno ocupar terrenos privados bajo el criterio de “utilidad pública”, iniciativa impulsada por la gobernadora Layda Sansores y cuestionada por la oposición, que la bautizó como la “Ley Alito”.
La modificación reduce de manera significativa los plazos de defensa para los propietarios: ahora dispondrán de cinco días para responder a una declaratoria de utilidad pública y ya no podrán recurrir a recursos administrativos, quedando como única vía de defensa el juicio de amparo.
Otro punto de la reforma establece que las indemnizaciones por expropiación podrán pagarse en plazos de hasta diez años, a diferencia de lo previsto en la ley federal, que fija un máximo de 45 días; además, el avalúo de los inmuebles estará a cargo de la Secretaría de Finanzas estatal, lo que opositores consideran un conflicto de interés.
Legisladores del PRI y PRD advirtieron que la reforma vulnera derechos de propiedad y abre la puerta a abusos con fines políticos.
Señalaron directamente que podría usarse contra críticos del gobierno, entre ellos el exgobernador y actual dirigente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”.
Desde Morena, en cambio, se defendió la iniciativa como una herramienta para recuperar terrenos presuntamente adquiridos de manera irregular.
El diputado Carlos Ucán aseguró que la medida no busca afectar a la población, sino a casos como “las hectáreas y propiedades de Alito”.
Según el gobierno estatal, la reforma permitirá destinar predios a proyectos de interés social, como hospitales, escuelas, parques o centros turísticos.
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No obstante, el debate sigue abierto, pues para la oposición la llamada “Ley Alito” representa un retroceso en la protección de la propiedad privada en Campeche.
Con información de Solangel Ochoa
