La detención de dos bomberos forestales de origen mexicano por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras combatían el incendio de Bear Gulch, en el bosque nacional Olympic, desató una fuerte polémica en el estado de Washington.
El operativo ocurrió el miércoles en plena emergencia por el fuego, que hasta la mañana del jueves había consumido cerca de nueve mil acres (tres mil 642 hectáreas) y estaba contenido apenas en un 13 por ciento.
Según reportó The Seattle Times, los agentes federales obligaron a los equipos a interrumpir su labor y formarse para mostrar su identificación. Varios testigos afirmaron que los efectivos del ICE incluso profirieron insultos contra el personal y no permitieron que los colegas se despidieran de los dos detenidos.
Posteriormente, se confirmó que los arrestados eran contratistas mexicanos que trabajaban de forma temporal en las labores de extinción. De acuerdo con fuentes consultadas por NBC, los agentes ingresaron al área para ejecutar una orden de deportación en su contra.
La acción provocó la condena inmediata de autoridades estatales. El gobernador Bob Ferguson dijo estar “profundamente preocupado” y anunció una investigación sobre lo ocurrido, mientras que la senadora Patty Murray calificó la operación como “enfermiza y perversa”.
“Esta nueva política republicana de detener a bomberos en el trabajo es tan inmoral como peligrosa”, advirtió Murray, recordando que el combate a los incendios forestales es vital para comunidades de la costa oeste que han sufrido devastadores siniestros en años recientes.
Vanessa Cárdenas, directora de la organización America’s Voice, fue más allá.
“Nuestro Gobierno federal debería estar apagando incendios, no avivándolos. Quizás nada refleje mejor la obsesión del presidente Trump y Stephen Miller con la deportación masiva que detener bomberos en plena emergencia”, dijo.
El zar de política fronteriza, Tom Homan, anunció además que los operativos migratorios se intensificarán en ciudades santuario como Seattle, Portland, Los Ángeles y Nueva York.
Esto a pesar de que, bajo la administración de Joe Biden, se había establecido que ICE debía abstenerse de realizar detenciones en zonas de desastres naturales o emergencias, política cuya vigencia ahora está en entredicho.
