A solo cinco días de haber iniciado un litigio en Estados Unidos, CIBanco decidió desistirse de la demanda presentada contra el Departamento del Tesoro por las sanciones que le impuso por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles del narcotráfico.
El retiro fue notificado este miércoles ante la Corte Federal en Washington por un nuevo grupo de abogados, distintos a los que habían promovido la acción legal inicial, pero autorizados por los administradores provisionales de la institución designados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En el documento, los representantes legales señalaron que la decisión responde al aplazamiento de las sanciones anunciado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que movió la entrada en vigor de la prohibición de operaciones de CIBanco hasta el 20 de octubre de 2025. No obstante, aclararon que el desistimiento fue presentado bajo la figura “sin perjuicio”, lo que permite reactivar el caso en el futuro.
“CIBanco presenta este aviso de desistimiento voluntario a la luz de la orden emitida por FinCEN el 19 de agosto de 2025 (…) y se extendió la fecha de entrada en vigor de la prohibición hasta el 20 de octubre de 2025”, se lee en el escrito firmado por Nicolle Kownacki, abogada de la firma White & Case.
La demanda original, interpuesta el pasado 7 de agosto por los abogados Jeannie S. Rhee, L. Rush Atkinson y Jenifer N. Hartley —quienes fueron posteriormente removidos por los administradores provisionales—, acusaba al Tesoro de aplicar sanciones “abusivas e ilegales”.
El argumento principal era que, de mantenerse la exclusión de CIBanco del sistema financiero estadounidense, la institución enfrentaría un colapso inminente, con pérdidas millonarias y la desaparición de al menos tres mil empleos.
Antes del desistimiento, la Corte del Distrito de Columbia había ordenado a los demandados, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Besent, responder a los señalamientos. Sin embargo, la administración provisional del banco decidió frenar el proceso legal y dar marcha atrás a la estrategia inicial.
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En su escrito, los nuevos abogados subrayaron que el Administrador Provisional, nombrado por el IPAB, tiene plenas facultades para representar legalmente al banco y tomar decisiones sobre litigios en curso.
Información de Arturo Ángel y Entorno.mx
