En una controvertida resolución judicial que ha desatado preocupación en círculos periodísticos y defensores de derechos humanos, la jueza de control interina de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, ordenó al periodista Jorge González Valdez abstenerse de opinar o publicar cualquier contenido relacionado con la gobernadora Layda Sansores San Román.
La medida incluye la imposición de un “censor” judicial que deberá revisar previamente todo lo que él y el medio Tribuna publiquen sobre la mandataria estatal.
De acuerdo con lo informado por Tribuna, la jueza avaló nuevas medidas cautelares dentro del proceso legal iniciado por Sansores contra González Valdez, derivado de una denuncia por el presunto delito de odio.
La resolución ordena la “intervención judicial de la plataforma digital” del medio y exige que el periodista no emita declaraciones, opiniones ni publique imágenes vinculadas con la gobernadora.
Además, la jueza estableció que González Valdez deberá contar con la presencia de un “censor oficial” durante su participación en cualquier programa mediático, bajo la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares del estado.
En respuesta, Tribuna denunció estas acciones como “medidas de censura” y advirtió en un comunicado que, mientras esta “ley mordaza” esté vigente, el medio optará por no publicar información sobre la gobernadora, como forma de protesta ante lo que considera una grave vulneración a la libertad de expresión.
Esta decisión judicial ocurre apenas una semana después de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito suspendiera las medidas cautelares originales impuestas en este mismo caso.
El pasado 9 de julio, dicho tribunal federal revocó la prohibición que impedía a González Valdez ejercer el periodismo por dos años y la orden de dar de baja la plataforma digital de Tribuna.
Los magistrados calificaron esas medidas como “excesivas” y violatorias de los derechos humanos protegidos por la Constitución, señalando que existían alternativas menos lesivas para proteger a la presunta víctima.
La imposición de nuevas restricciones judiciales, que incluyen la censura previa, ha generado críticas tanto a nivel local como nacional.
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Organismos de defensa de la libertad de prensa han comenzado a pronunciarse en contra de la decisión, al considerarla una amenaza directa a la labor periodística en el país.
Hasta el momento, ni la Fiscalía estatal ni el Poder Judicial de Campeche han emitido postura oficial respecto a la contradicción entre el fallo federal y la nueva resolución emitida por la jueza local.
