Grupo Elektra deberá cubrir un adeudo fiscal aproximado de 2 mil millones de pesos, luego de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolviera por unanimidad en su contra un litigio iniciado en 2012.
La empresa, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, enfrentó este fallo tras años de disputas legales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivadas de la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de ese año.
Aunque la resolución aún puede ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el momento confirma la obligación de pago establecida por la autoridad fiscal.
El origen del litigio se relaciona con la compra y posterior venta de una empresa llamada Beta. Según lo expuesto durante la sesión del tribunal, Grupo Elektra adquirió esta compañía en 2009 y la vendió en 2012, con lo cual buscaba deducir pérdidas fiscales. No obstante, la magistrada ponente, Ana María Ibarra, señaló que la empresa no contaba con operaciones reales.
“No puede deducirse esta venta, porque la empresa Beta nunca operó, nunca tuvo ingresos, no generó resultados patrimoniales positivos, no existió en la vida económica ni tuvo bienes a su nombre; es una empresa hueca o de papel”, afirmó Ibarra.
Y agregó que permitir dicha deducción significaría aceptar “una disminución artificiosa de la base gravable, lo que, evidentemente, en este caso multimillonario, afecta los ingresos públicos, los ingresos del Estado”.
Previo a la sesión, el equipo jurídico de Elektra intentó frenar la discusión alegando presunta falta de imparcialidad por parte de los magistrados, sin éxito.
El crédito fiscal fue inicialmente calculado por el SAT en mil 603 millones de pesos. Sin embargo, a lo largo del proceso legal, esa cifra aumentó hasta alcanzar los 2 mil millones, debido a actualizaciones y recargos.
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En lo que va del año, Grupo Elektra ha promovido al menos ocho litigios fiscales más, los cuales representan un monto preliminar acumulado de 29 mil 805 millones de pesos, sin considerar posibles sanciones o actualizaciones.
Pese a la presión legal, la compañía aseguró que ninguna disputa judicial, fuera del ámbito fiscal, impactará de manera significativa sus operaciones ni su situación financiera.
