La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la propuesta del Infonavit para regularizar viviendas invadidas no vulnerará el derecho a la propiedad privada, ni afectará a quienes tienen créditos activos o poseen legítimamente una casa.
Desde Palacio Nacional, la mandataria fue enfática: “No se le va a quitar su vivienda a nadie que legalmente sea dueño. Eso está protegido por la Constitución y lo vamos a respetar”, afirmó, ante la controversia generada por la iniciativa.
Sheinbaum explicó que durante años el Infonavit construyó miles de casas en zonas alejadas de los centros urbanos, lo que dificultó su uso por parte de los trabajadores. Muchos acreditados abandonaron sus hogares debido a la lejanía, y en ese proceso surgieron múltiples fraudes inmobiliarios.
“Hubo viviendas vendidas hasta cinco veces, y muchas personas dejaron de habitarlas porque tardaban horas en llegar al trabajo. No las rentaron ni las usaron”, relató la presidenta, quien dijo que esta situación fue documentada por el propio instituto.
De acuerdo con datos recientes de la Secretaría del Bienestar, existen actualmente unas 800 mil unidades habitacionales desocupadas o invadidas. El reto, explicó, es encontrar una solución legal que impida que estas propiedades permanezcan en el olvido o fuera del marco jurídico.
Además, Sheinbaum destacó que cualquier alternativa deberá incluir el reconocimiento a los pagos realizados por quienes firmaron créditos y nunca habitaron las viviendas.
“No se va a permitir que haya afectaciones a los trabajadores ni que se repitan los fraudes del pasado”, subrayó.
En ese sentido, dijo que ya se exploran caminos para recuperar esas propiedades de manera ordenada. Rechazó la idea de ignorar el problema y señaló que, en administraciones anteriores, se gastaron miles de millones de pesos en despachos externos para intentar recuperar las casas, sin resultados positivos.
“Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos. Es una situación que afecta a miles de familias y que tiene que resolverse”, puntualizó.
La presidenta concluyó que el objetivo es rescatar esas viviendas, evitar más deterioro y garantizar que se cumpla la ley, sin dañar los derechos de quienes han cumplido con sus compromisos ante el Infonavit.