Con la entrada en vigor de la llamada Ley de Ciberseguridad en Puebla, colectivos ciudadanos, organizaciones defensoras de derechos humanos y partidos de oposición han encendido las alarmas ante lo que consideran un riesgo real para la libertad de expresión en redes sociales y espacios digitales.
Publicada el viernes 13 de junio en el Periódico Oficial del Estado y ya vigente desde este sábado, la nueva legislación castiga con prisión de hasta tres años a quien incurra en “insultos” digitales, una postura que especialistas en libertad de expresión consideran ambigua y susceptible de abuso.
El artículo 480 del Código Penal local, reformado con esta ley, tipifica como ciberasedio a quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje” a otra persona mediante medios digitales, con la insistencia necesaria para causarle daño físico o emocional. La sanción puede alcanzar tres años de cárcel y multas de hasta 39 mil pesos, especialmente si la víctima es menor de edad.
Organizaciones como Artículo 19 y Sociedad Civil México han expresado su preocupación por el alcance de la reforma. Alertan que su redacción abre la puerta a la criminalización del discurso crítico, y podría usarse contra activistas, periodistas o ciudadanos inconformes con autoridades.
“La definición de ‘insulto’ es vaga. Dejar su interpretación a jueces puede derivar en un uso discrecional para perseguir voces críticas”, advirtió Artículo 19 en un comunicado.
Los partidos Movimiento Ciudadano, PRI y PAN votaron en contra o se abstuvieron en la sesión del Congreso poblano y posteriormente condenaron la publicación de la ley.
Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, calificó la medida como “una puñalada a la libertad de expresión” y un intento de callar y someter al pueblo.
La iniciativa fue presentada en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, entonces diputado local y hoy coordinador del Gabinete del gobernador Alejandro Armenta, ambos integrantes de Morena. Fue aprobada con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención.
Morena ha defendido la reforma argumentando que fortalece la seguridad digital, protege a menores de edad y sanciona conductas como grooming, espionaje cibernético, usurpación de identidad y fraude electrónico. No obstante, la criminalización de expresiones digitales sigue siendo el aspecto más criticado.
La controversia se intensificó esta semana tras el cruce entre Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena, y Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos. Cornejo criticó públicamente la política exterior estadounidense en redes sociales, lo que derivó en una discusión en línea sobre cómo las opiniones en internet pueden influir en trámites como la visa americana.
“¿Vas a tramitar la visa de Estados Unidos? Cuida lo que publicas en redes sociales. ¿Vives en Puebla? También”, han advertido activistas en redes, preocupados por un posible doble cerco a la libertad digital, tanto a nivel nacional como internacional.
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Aunque la Ley de Ciberseguridad ya está en vigor, diversas organizaciones anunciaron que buscarán su impugnación por la vía judicial, además de promover amparos ante casos de aplicación abusiva.
Mientras tanto, en Puebla, las expresiones en línea podrían convertirse en motivo de denuncia penal, en un entorno cada vez más tenso entre el ejercicio del poder y el derecho ciudadano a expresarse libremente.
Con información de El Financiero
