JUNIO 5. (Artículo publicado el 12 de junio de 2009).
“Todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Los Estados garantizarán en la máxima medida su supervivencia y desarrollo.
Artículo 6, Convención UNICEF de los derechos del niño.”
I.- “Es imposible evadir la tragedia humana y sus causas, protagonistas, víctimas y consecuencias y daños y su preparación moral y material.
Ante la desgracia iniciada a las 14:52 hrs. del día con el que titulo este artículo y como un universitario más de la sociedad civil, con el privilegio de un tiempo y un espacio en los medios, no me es dable callar, sería un silencio primo de la indiferencia y de la complicidad. Seré respetuoso y objetivo como es el estudio de la Filosofía del Derecho.
II. Terminada la etapa armada de la revolución mexicana, pactada en Querétaro la promulgación de la Constitución Política de 1917, las joyas de esa corona suprema fueron los artículos 27 y 123. El primero estipula el reparto del oprobioso latifundio porfirista colonial, que hizo decir a terrazas: “Yo no soy de Chihuahua, ¡Chihuahua es mío!”.
El art. 123 fue la respuesta de los constituyentes a la demanda obrera en Cananea: “Jornada de ocho horas y cinco pesos diarios”, ahí consagradas y reglamentadas en la Ley Federal del Trabajo de 1931, reformada en 1970. Los obreros son como el gigante atlas de la leyenda griega, que sobre sus llagadas espaldas sostiene la producción nacional con un salario mínimo de $50.
Al lado del Derecho del Trabajo y de la Previsión social, nació uno nuevo, el Derecho de la Seguridad Social.
Seguridad social. Como la Constitución Política debe traducirse, de poesía jurídica en instituciones, nacieron el IMSS, el ISSTE y los Institutos estatales, red que, hasta hace dos décadas, era ejemplo latinoamericano: atención médica, farmacéutica y hospitalaria, espacios culturales y deportivos y pensiones jubilatorias. ¿Dónde quedó aquella admirable seguridad social?
No olvidemos que, gracias a las políticas de salud pública, una hazaña en el siglo XX fue subir la edad promedio de 35 a 75 años, por ello –pero también por la opacidad en el uso del esfumado capital millonario de esos institutos–, están quebrados; bombas de tiempo detenidas y financiadas, no con las cuotas obrero patronales, sino con fondos fiscales que se quitan de los planes de desarrollo y programas de los tres órdenes de gobierno, para evitar una crisis peor y levantamientos sociales de consecuencias impredecibles.
Esta escalada crisis que depaupera a las familias pobres y a las de clase media baja, obliga a las madres –solteras, casadas, divorciadas o viudas– a completar el gasto doméstico del otrora único proveedor, trabajando ocho horas diarias y dejando a sus críos en las guarderías.
De ahí las recientes reformas a sus legislaciones, que aumentan las cuotas y alargan la edad de retiro. Se habla de su desmantelamiento por políticas públicas de corte neoliberal. Y en Sonora, con excepción de los profesores y los burócratas, tenemos la espada de Damocles los universitarios afiliados.
Por los 44 niños muertos (escribo el martes 09, fueron 49), los gravemente quemados (resultaron 70) y sus dolientes familiares, se trata del acontecimiento más triste en la tricentenaria historia de Hermosillo y del País, en un barrio proletario sin nombre siquiera –“Y griega”– y en una esquina de las calles que simbolizan su condición: “Mecánicos” y “Ferrocarrileros”.
Conmovió al mundo, literalmente, top stories en Canadá, incluido el Papa Benedicto XVI. Nunca los obituarios habían ocupado media plana y ¡vaya que a diario somos bombardeados por noticias tintas en sangre, enferma o inocente, que curten nuestra delgada capacidad de indignación!
Un accidente. En el fondo, al parecer se trata de un accidente, producto de lo que, en Derecho Civil, se llama de responsabilidad civil objetiva o riesgo creado, imperceptible a simple vista, pero no para los expertos en riesgos, sean del área de protección civil del sector público o de las empresas privadas, que deben asesorar y prevenir a quienes ofrecen un servicio público subrogado a un particular, máxime tratándose del tesoro humano guardado.
El tema de la reparación de los daños patrimonial y extrapatrimonial o moral, ha quebrado la cabeza a los juristas civilistas y penalistas y hasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sostiene tesis oscilantes, en el derecho a reclamarlos, a la jurisdicción, procedimiento y caudal probatorio.
El IMSS desde 1984 –de Genaro Borrego, de Santiago Levy, de Juan Molinar Horcasitas y de Daniel Karam– creó el programa de guarderías que (Reforma, 13 de mayo 2008): “Atrae como negocio. La recuperación de la inversión está garantizada en tres años, dijo su coordinadora… es una de las franquicias más atractivas… su totalidad anual sobre lo invertido en un año puede oscilar entre 25 y 35 %”. En ese esquema operan mil 525 guarderías subrogadas por el IMSS, en las que se atiende a 223 mil menores, de 40 días a 4 años. Es fácil, pero inconveniente e irresponsable, caer en el terreno de las especulaciones y condenas o acusaciones.
No se trata de una acción con dolo o intención dañosa delictiva ni criminal. Pero sí hay circunstancias causales que están siendo investigadas y dictaminadas en sendas averiguaciones previas y serán puestas al mejor prudente juicio de los jueces y magistrados del fuero común y, seguramente, de los tribunales federales, para un posible fideicomiso de las indemnizaciones.
Al margen de su presunta responsabilidad, no es menor el respetable pesar de las tres familias hermosillenses subrogatorias de la guardería y el de los funcionarios públicos involucrados. Son humanos –no zetas ni sicarios– y están marcados para siempre. Además de un equipo de abogados, también necesitan de auxilio espiritual y psicológico. Y, dándoles el beneficio de la duda razonable, quisiera pensar que, en su fuero interno, desearían dar todo su efímero poder y riquezas terrenales, si a cambio pudiesen regresarle su vida y salud a las víctimas directas e indirectas.
Admiración para los héroes anónimos. Pero ¿y qué propongo? Revisar YA todas las guarderías, reformar la Norma Oficial Mexicana y el esquema legal de sus servicios y construir, en el sitio, una guardería modelo. Para esos niños no habrá un “Vivir mejor” ni un “Siguiente nivel” ni “Soy el número 1” ni “Así si gana la gente” de la niña marianita.
La resolución judicial definitiva, en su momento, deberá ser compendio de la verdad y justicia y una lección de pedagogía social y cultural. Pero jamás las familias victimadas serán las mismas. Pero jamás Hermosillo y todas sus familias seremos las mismas desde las 14:52 horas del 5 de junio del 2009.”
(Texto leído y analizado en la sesión semanal de la Barra Sonorense de Abogados, Colegio (BSA), el martes 12 siguiente)
POSDATA. EL PRIMER ARTURO ZALDÍVAR*. En “Justicia radical”, Víctor Fuentes (Cd. de México, 03 enero 2019) publicó que Arturo Zaldívar no llevaba ni siete meses como Ministro cuando lanzó el primero de los muchos golpes que, durante nueve años, le ha asestado a las prácticas y creencias tradicionales del Poder Judicial de la Federación.
Zaldívar, por la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en un dictamen de 370 hojas, propuso que constituyeron violaciones graves a los derechos humanos y a las garantías individuales. Murieron 49 niños, 80 heridos y algunos de estos lisiados. Por ello, debían ser señalados como responsables, así fuera de manera simbólica, el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, y su sucesor como Director General del IMSS, Daniel Karam, además del ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours y el Ayuntamiento de Hermosillo.
El Gobierno de Felipe Calderón había cabildeado durante meses, primero para averiguar el sentido del proyecto de Zaldívar sobre el caso, y luego para tratar de frenarlo, asombrado por la actitud rijosa de un Ministro al que esa misma administración había enviado a la Corte.
«Es momento de que esta Corte envíe un mensaje claro a la sociedad de que nuestro País debe dejar de ser un lugar en el que todo pasa, y no pasa nada, en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias. Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este País para que los señalemos?», dijo Zaldívar, al defender su proyecto.
Al final, seis de los once ministros rechazaron condenar a los altos funcionarios, pero Zaldívar pintó su raya y nunca se ha movido de ella.
Tal vez porque nunca trabajó en el Poder Judicial, donde la mente tiene que estar sometida a los usos y costumbres que forjaron a otros ministros en juzgados y tribunales, Zaldívar ha preferido una y otra vez el tratamiento de shock para mover a la Corte.
Eso quiere decir que, con frecuencia, lo que dice la ley o incluso la Constitución no es tan importante para el Ministro, sino lograr su objetivo y hacer lo que él ve como más justo.
Este estilo radical y activista fue el que pareció provocar el choque de personalidades con José Ramón Cossío, quien llevaba seis años como el Ministro de avanzada de la Corte cuando llegó Zaldívar, con la clara intención de rebasar. Ambos ya están fuera de la Primera Sala (Cossío retirado), cuyos criterios futuros son una de las incógnitas que deja esta elección.
Zaldívar llega a la presidencia de la Corte con una evidente buena relación con elementos clave del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: la Ministra en retiro y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, su aliada en casos como el de Cassez y la Secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval.
Sin embargo, la idea de que Zaldívar será dócil a las exigencias de la Cuarta Transformación parece desconocer su historial como Ministro, y el compromiso que enfrenta de ganarse la confianza de muchos de los mil 502 jueces federales que, por ahora, lo ven como un extranjero que amenaza a la gran familia judicial.
*Digo el primer Arturo Saldívar porque, en una metamorfósis muy propia de la clase política mexicana, me defraudó desde que pretendió extender su presidencia de la SCJN en violación de Orden constitucional, que protestó guardar y hacer guardar.
