Defensores de los migrantes reforzaron los llamados a funcionarios electos para intervenir a favor de una pequeña mexicana de cuatro años que recibe tratamiento vital en Estados Unidos y se expone a ser deportada junto con su familia.
Sofía, como ha sido identificada la pequeña por los abogados de la organización Public Counsel, sufre del síndrome del intestino corto, una afección potencialmente mortal que impide que su cuerpo absorba suficientes nutrientes, que no pudo ser tratado con éxito en México.
La niña y sus padres pudieron ingresar a Estados Unidos en julio de 2023 gracias a un permiso de entrada humanitaria de emergencia para que ella recibiera el tratamiento médico en el Hospital Infantil de Los Ángeles, uno de los pocos en el país que trata esta afección en niños pequeños.
Sin embargo, en abril pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó a sus padres que el permiso había sido revocado y debían abandonar el país.
A la madre de Sofía, Deysi Vargas, también se le notificó que su permiso de trabajo fue cancelado, lo que significa que la familia no tiene medios para pagar las cuentas médicas y el desplazamiento continuo desde Bakersfield (California), donde residen, hasta Los Ángeles.
“Quitarle la atención médica que le salvó la vida y obligarla a regresar a un lugar donde podría morir en cuestión de días es una cruel traición a la palabra de nuestra nación y una afrenta a nuestra humanidad compartida”, dijo Rebecca Brown, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel y abogada de la familia en un comunicado.
Las probabilidades de que Sofía reciba la atención que necesita en México son prácticamente “imposibles”, han dicho los abogados.
Los médicos del Hospital Infantil de Los Ángeles han declarado que Sofía moriría en cuestión de días sin su tratamiento actual.
Vargas pidió de todo corazón a las autoridades de migración estadounidenses que consideren “de todo corazón” el caso de Sofía y le permitan quedarse en el país.
Public Counsel se ha puesto en contacto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), miembros del Congreso y legisladores locales con la esperanza de que Sofía siga con vida y en Estados Unidos.
“Esperamos que el Gobierno estadounidense restablezca nuestra libertad condicional para que mi hija pueda recibir la atención que necesita”, insistió Vargas.
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Por su parte Brown destacó que los migrantes vienen a este país por razones “reales”, una crítica a la posición de la Casa Blanca de que la mayoría de personas que llegaron por la frontera sur de Estados Unidos en los últimos cuatro años no tienen casos válidos.
“El caso de Sofía es un claro recordatorio de que debemos considerar la situación de cada persona individualmente, a menos que, como nación, nos sintamos cómodos condenando a nuestros semejantes a muerte y tortura dejando las decisiones en manos de procesos burocráticos indiferentes”, sentenció Brown.
Con información de EFE
