Los congresistas republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes evalúan este miércoles imponer un cobro de mil dólares por solicitud de asilo, entre otros incrementos en los trámites migratorios.
La propuesta, presentada el pasado lunes, forma parte de la estrategia conservadora para respaldar la agenda migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.
Este miércoles, los legisladores convocaron una reunión para analizar el proyecto de presupuesto que busca aumentar el financiamiento del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés).
De aprobarse el cobro, sería la primera vez que se impone a un solicitante de asilo un pago de mil dólares para presentar su caso. Además, se contemplan pagos de 550 dólares cada seis meses por permisos de trabajo, y una tarifa anual de 100 dólares mientras la solicitud esté en trámite.
Actualmente, las cortes de inmigración enfrentan un rezago de más de 3.6 millones de casos.
La propuesta también plantea un cobro de mil dólares a las personas que ingresen al país bajo el permiso humanitario conocido como parole.
En cuanto a los menores que ingresan solos a Estados Unidos, los patrocinadores deberán pagar 3 mil 500 dólares por el trámite. Asimismo, se contempla una multa de 2 mil 500 dólares para aquellos que no se presenten en corte con el menor a su cargo.
Aunque la propuesta enfrenta un largo camino legislativo en la Cámara de Representantes y el Senado, contaría con el respaldo del Gobierno Trump, que ha hecho del control migratorio una de sus principales prioridades.
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La Casa Blanca ha señalado la necesidad de aumentar los recursos del DHS para cumplir con su promesa de deportaciones masivas. El proyecto prevé 45 mil millones de dólares para construir y ampliar centros de detención migratoria, mil 250 millones para fortalecer el sistema judicial de inmigración y 8 mil millones destinados a la contratación de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Diversos defensores de los derechos de los migrantes ya han expresado su oposición a los nuevos cobros, argumentando que afectarían de manera desproporcionada a solicitantes de bajos recursos.
Con información de EFE
