La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que el robo de combustible a Pemex y su posterior venta ilegal se ha convertido en el principal medio de financiamiento para diversos cárteles de la droga en México.
En su Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025, la agencia estadounidense expuso un sofisticado esquema de lavado de dinero basado en operaciones comerciales internacionales.
“Las organizaciones criminales transnacionales obtienen o roban, para luego contrabandear, petróleo crudo mexicano de Pemex a Estados Unidos para su venta a compañías estadounidenses de petróleo y gas”, señala la investigación.
Las investigaciones exponen que este esquema provoca pérdidas anuales por decenas de miles de millones de dólares, tanto para México como para empresas estadounidenses del ramo petrolero.
La DEA indicó que se ha identificado la participación de varios grupos delictivos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y La Familia Michoacana.
Como parte de la estrategia para frenar estas actividades, los esfuerzos se enfocarán en empresas y ciudadanos estadounidenses involucrados en estas redes.
Cabe recordar que en septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 empresas relacionadas con el CJNG, acusadas de integrar una red de robo y venta ilegal de gasolina.
Según autoridades estadounidenses, los ingresos obtenidos fueron utilizados por el cártel para fortalecer sus operaciones de tráfico de drogas, especialmente de fentanilo.
Uno de los principales sancionados fue Iván Cazarín Molina, alias ‘el Tanque’, considerado parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘el Mencho’, líder del CJNG.
La investigación detalla que ‘el Tanque’ operaba en los estados de Jalisco y Veracruz, donde se dedicaba principalmente al robo de combustible de los oleoductos de Pemex. Además, estaba implicado en actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.
El informe señala que Cazarín Molina administraba una red de gasolineras aparentemente legítimas para comercializar el combustible robado, lo que le permitía financiar al CJNG, además de que vendía gasolina a terceros que la distribuían en territorio estadounidense, particularmente en Texas.
