Por: Arturo Ángel
Sonora cuenta con uno de los Sistemas Anticorrupción más atrasados del país: casi el 70 por ciento de los puestos que lo conforman están vacantes, entre ellos, el del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción Estatal.
Lo anterior es alarmante porque, a la par, casi 6 mil millones de pesos de fondos federales destinados para acciones y programas claves fueron blanco de desvíos y posibles malos manejos en las últimas dos décadas en el estado de Sonora.
“Desafortunadamente en Sonora tenemos una de las situaciones más críticas del país. Es uno de los sistemas que registra una mayor cantidad de puestos sin ocupar en puestos claves. De hecho, no se ha instalado siquiera el comité de selección que es vital para elegir alguno de los cargos”, dijo Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.
Diversos datos oficiales dan cuenta del tamaño de los malos manejos en el estado. Por ejemplo, de acuerdo con el sistema público de consulta de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la entidad hay 6 mil 32 millones de pesos que fueron transferidos a las arcas del estado desde fondos federales, pero que hoy no aparecen.
Se trata de recursos correspondientes a diversos fondos destinados para programas y acciones de seguridad, educación, salud, infraestructura, alimentación, entre otros.
Los auditores identificaron 455 hechos de posible corrupción o de irregularidades graves que dieron paso a los presuntos quebrantes señalados. Hay dos años en específico que han sido los focos rojos de los desvíos.
Uno es el 2014 (correspondiente al periodo del gobernador panista Guillermo Padrés Elías) donde los auditores identificaron, solo en ese año, malos manejos del gobierno de Sonora con recursos federales por mil 964 millones de pesos. El otro es el 2020 (correspondiente al gobierno de la priista Claudia Pavlovich) año en el que los auditores identificaron malos manejos por mil 768 millones de pesos.
Por su parte, los datos reportados en el Informe sobre la situación de los Sistemas Estatales Anticorrupción arrojan que en Sonora hay un promedio de 16 mil 124 víctimas de hechos de corrupción por cada cien mil habitantes, mientras que el costo promedio de los hechos de corrupción es de 2 mil 200 pesos por habitante.
El 32.7 por ciento de la población en Sonora piensa que la existencia de acciones de corrupción es muy frecuente en la entidad, mientras que el 63 por ciento piensa que es uno de los principales problemas de la entidad.
Ni datos ni sistema
Pese a la gravedad del problema Sonora es una de las entidades más atrasadas del país en cuanto a la puesta en marcha de su Sistema Estatal Anticorrupción, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción.
A escala global el informe detalla que 22 puestos claves en distintos organismos que deberían conformar este sistema en la entidad, solo siete de los puestos están ocupados.
Ello significa que el 68 por ciento de los puestos están vacantes. Dicho de otra forma, el sistema estatal sólo tiene un tercio de los puestos ocupados. Sonora es una de las siete entidades del país que no tienen un solo integrante nombrado dentro del llamado Comité de Selección, que es el órgano colegiado que luego debe designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), organismo clave dentro del sistema estatal.
En consecuencia, Sonora se ubica dentro del reducido grupo de sólo cinco entidades en todo el país que tampoco cuenta con un solo integrante de su CPC. Dicha lista negra la completan, además de Sonora, la Ciudad de México, Colima, Querétaro, Morelos y Colima.
No es una carencia menor porque sin CCP no hay organismo que pueda impulsar y en su caso supervisar el diseño e implementación de las políticas de combate a la corrupción en la entidad.
Otra carencia importante es la falta de nombramiento de un titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción sobre quién debe de caer la gestión de la coordinación de todos los integrantes del sistema. Sonora es una de las 9 entidades del país que no cuentan con dicho titular.
El reporte del Sistema Nacional también destaca la falta de información en Sonora en torno a presupuestos anuales asignados al sistema; número de plazas totales en los distintos organismos; estado de la normatividad correspondiente en el estado; entre otros.
Casos de probable corrupción en Sonora en los últimos tres sexenios
Desde el gobierno de Guillermo Padrés Elías (2009–2015) hasta la actual administración de Alfonso Durazo Montaño (2021–presente), el estado de Sonora ha enfrentado diversos casos de corrupción que han involucrado a altos funcionarios y familiares de ambos mandatarios. Algunos ejemplos son:
Lavado de dinero y defraudación fiscal: Guillermo Padrés fue acusado de lavar más de 178 millones de pesos mediante empresas familiares y cuentas en el extranjero. Las investigaciones revelaron que utilizó empresas como
Confecciones Industriales y Sonora Apparel para obtener contratos públicos y desviar recursos hacia cuentas personales y de familiares
Presa privada en rancho familiar: En 2014, se descubrió que el gobernador construyó una presa ilegal en su rancho, sin permisos de la CONAGUA, lo que generó críticas por el uso indebido de recursos hídricos en una región con problemas de agua.
Venta irregular de inmuebles estatales: En 2021, el gobierno de Pavlovich vendió inmuebles por 559 millones de pesos con la finalidad de saldar deudas con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). Sin embargo, los recursos se utilizaron para gasto corriente.
Además, la mayoría de los bienes se vendieron a una empresa creada un mes antes del proceso de compraventa, con un capital social de 3 mil pesos, lo que generó dudas sobre su capacidad económica
Operación Safiro: Investigaciones periodísticas vincularon al gobierno de Pavlovich con la llamada “Operación Safiro”, un esquema de desvío de recursos públicos hacia campañas del PRI mediante empresas fantasma. En 2016, se detectaron transferencias por al menos 140 millones de pesos a empresas simuladoras, como el Despacho de Profesionistas Futura, también utilizado en otros estados para fines similares.
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Trato preferencial a empresa china: En 2025, se reveló que el gobierno de Durazo otorgó 150 hectáreas en donación y exenciones fiscales a Mainland Headwear, empresa china vinculada al hijo del gobernador y al secretario de Bienestar, Fernando Rojo de la Vega. La oposición exigió investigaciones por conflicto de interés y tráfico de influencias.
