El Gobierno de Estados Unidos, que encabeza el presidente Donald Trump, construyó un muro de alrededor de nueve metros de altura que cruza sobre la canalización del río Tijuana, en los límites con la ciudad mexicana, fronteriza con Estados Unidos, el cual viola algunos de los tratados internacionales establecidos sobre los límites territoriales y naturales.
Así lo expresaron a medios algunos altos funcionarios del estado mexicano de Baja California e ingenieros especializados en el tema, quienes advirtieron que el muro que cuenta con compuertas para el flujo del agua podría causar inundaciones catastróficas en el centro de Tijuana y en San Ysidro del lado estadounidense.
A simple vista se observa cómo el muro fue construido como un puente sobre el río para los agentes de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos , que cuenta con compuertas de acero que se abrirían de manera electrónica cuando incremente el flujo de agua al interior del canal.
Adriana Reséndez Maldonado, comisionada de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), compartió una postura oficial a medios en la que afirma que el muro viola un acuerdo de 1977 entre los dos países, así como otros tratados.
Destacó que “los efectos de este muro serían negativos y podrían incluir inundaciones, daños y pérdidas de vidas en territorio mexicano”, razón por la cual la postura se ha mantenido hasta el momento, aunque no precisó acción alguna.
El acuerdo especifica que “las obras de encauzamiento y cualquiera que se realizaran sobre el cauce del río Tijuana son de competencia binacional”, por lo que las obras llevadas a cabo en dicho canal tuvieron que ser consultadas previamente por el Gobierno estadounidense con el Gobierno de México.
El río Tijuana, de 195 kilómetros de largo, fluye entre México y Estados Unidos y se ubica entre el estado de Baja California (México) y el sur de California y se forma por dos redes de desagüe que se unen en la zona urbana de Tijuana.
Víctor Clark Alfaro, antropólogo y director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, compartió a EFE que este es “un tema complejo” que el Gobierno mexicano “debe atender, porque se trata de acuerdos internacionales entre ambos países que Estados Unidos no está respetando y que puede traer repercusiones en Tijuana”.
“Estamos hablando de un tema que tiene que ver con implicaciones no solo de manera ambientales y sociales, pretendiendo frenar la migración, sino también políticas porque implica la aceptación y confirmación del Gobierno de México”, dijo.
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Una fuente cercana involucrada con actividades de la CILA en México, quien prefirió guardar el anonimato, dijo a EFE que las autoridades mexicanas tienen conocimiento de ello desde un principio del proyecto y que, aunque la comisionada ha mostrado su oposición desde hace un par de años, no se ha efectuado acción alguna.
“La cuestión aquí es ver qué tanto puede repercutir o no la construcción de este muro, que funge también como puente, en el ecosistema de la región y qué tanto el Gobierno de México ha permitido su desarrollo, pese a los tratados y pese a que desde el mismo Estados Unidos haya organismos y fuentes políticas que se han venido oponiendo a ello”, puntualizó.
Con información de EFE
