Perder a un ser querido es sentir cómo el alma se desgarra. Pero hay un dolor aún más cruel que la muerte: no poder enterrar a quien amas, no saber dónde duerme su cuerpo ni si alguna vez volverá.
En México, más de 122 mil nombres han sido arrancados de la vida y arrojados al olvido. Son rostros sin rastro, vidas que divagan en el aire de la incertidumbre. La crisis se ha intensificado: en el sexenio anterior, casi 50 mil personas desaparecieron; entre 2023 y 2024, las cifras crecieron un 30%.
Mientras la presidenta proclama la reducción en los índices de homicidios, guarda silencio ante una verdad insoportable: en los primeros días de su gobierno, 4,000 personas han sido arrancadas de su historia. Cada día, 41 almas se desvanecen, el doble que al inicio del mandato de López Obrador, quien ya marcó el sexenio más sangriento en desapariciones.
No lo digo yo, lo revela el estudio de la organización Causa en Común: “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: apuntes sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de los desaparecidos”.
Pero al poder no le duele la ausencia. No escucha las súplicas de quienes buscan a sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus amores. Para el Estado, esta fatídica realidad no es una prioridad, y la prueba de ello es que el 99% de los casos de desaparición quedan impunes. La ineficacia del gobierno para atender este oscuro fenómeno es alarmante. Nada del Sistema Nacional de Búsqueda funciona; en dos años, el Estado solo ha reconocido 15 cuerpos.
Este monumental y doloroso fracaso de las autoridades ha obligado a los familiares a tomar palas y picos para buscar a sus seres queridos. Los colectivos de búsqueda han arriesgado sus vidas con una intención noble: encontrar a quienes partieron de casa y nunca regresaron. Su admirable labor no ha sido reconocida por los gobiernos. Cuando piden ayuda, solo reciben herramientas rudimentarias para continuar su incansable y riesgosa búsqueda. Son ellos quienes suplen la responsabilidad del Estado de investigar y brindar respuestas en esta crisis de inseguridad.
Caminan entre criminales, escarban en tierras olvidadas por las autoridades, negocian con los grupos más peligrosos del país. Algunos pierden la vida, pero lo hacen todo con un solo propósito: encontrar a quienes aman.
Estos colectivos nacieron en Sonora, el estado donde la crisis de desapariciones se ha agudizado en los últimos años. Una tierra repleta de fosas clandestinas con miles de cadáveres irreconocibles. El amor de las madres que perdieron a sus hijos las movilizó sin esperar respuestas del fallido gobierno. Sus resultados han sido asombrosos. Su activismo se ha multiplicado por todo el país porque, lamentablemente, las desapariciones son un fenómeno de escala nacional.
Supliendo las labores del Estado, no reciben ningún tipo de apoyo. Son ellas, con su inquebrantable fuerza de voluntad, quienes asumen la tarea. Olvidadas por los políticos, buscan desesperadamente a alguien que las respalde. En campaña, fue el senador Beltrones quien les abrió las puertas para llevar sus causas a la Cámara Alta.
En campaña se reunió con decenas de madres buscadoras quienes le comentaron: “No tenemos los recursos para salir a una búsqueda digna, no tenemos ni agua, hemos caído deshidratadas y no llevamos ni suero, somos personas que dejamos de trabajar para buscar a nuestros hijos y no hay ni para el desayuno ni la comida”.
Con su enérgica voz el actual Senador les prometió: “En vez de recibir palas, picos y baldes, tengan honorarios por su trabajo, protección federal, acompañamiento, seguros de vida y acceso a herramientas tecnológicas para hacer su labor”.
Con su experiencia en la creación de políticas públicas y la resolución de problemas, ha decidido tomar su lucha como propia. Primero, porque entiende la gravedad de la crisis de inseguridad en el país. Y segundo, porque este trágico fenómeno se replica en su estado y crece de manera descontrolada.
Consciente de las fallas del gobierno actual, Manlio, sin presumir, ha optado por hacer política verdaderamente social, más allá de los apoyos directos. Su propuesta para las heroicas personas que buscan cuerpos sin rostro consiste en crear la figura de auxiliares de gobierno a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Esto permitiría a las personas buscadoras contar con reconocimiento legal y respaldo oficial. En vez de recibir solo palas, picos y baldes para efectuar las búsquedas, los colectivos tendrán protección federal, acompañamiento, apoyo económico, seguro de vida y acceso a herramientas tecnológicas para hacer su labor.
El abandono de los desaparecidos por parte del Estado es una deuda histórica que todo mexicano debe reconocer. Lo menos que podemos hacer por los familiares de aquellos rostros sin cuerpo es apoyarlas y demandar que el gobierno empiece a responsabilizarse de esta devastadora situación que tanta desepseración y lágrimas desata.
