La confiabilidad de una democracia puede resumirse en una frase: certeza en las reglas, incertidumbre en los resultados. Es decir, dotar a los competidores y a los votantes de claridad absoluta en las reglas del juego, y que eso derive en una cancha pareja (condiciones de equidad) en la que ningún competidor tenga más probabilidad de ganar que otro; es decir, que nadie sepa quién va a triunfar antes de que inicie el juego.
En la elección judicial está ocurriendo todo lo contrario: las reglas con las que se jugarán 881 cargos del Poder Judicial Federal y otros cientos de cargos de los Poderes Judiciales locales (a estas alturas ni siquiera sabemos cuántos) no son claras para la sociedad y para los competidores. Ni siquiera para el árbitro.
El Instituto Nacional Electoral ha tenido que ir poniendo parches a través de acuerdos votados por mayoría en el Consejo General (ni siquiera son acuerdos que convenzan a todo el INE), para sacar adelante una elección que se hará por decisión de Andrés Manuel López Obrador y los votos en el Congreso de tres de las seis fuerzas políticas que conforman el sistema político mexicano (Morena, PVEM y PT).
Incertidumbre en las reglas
A estas alturas, cuando faltan 98 días para los comicios del 1º de junio, ni siquiera están definidas cuatro de las seis listas de candidaturas a cargos federales, pues el INE sigue enmendando errores y procesando renuncias entre los más de 4 mil 200 nombres que el senador Gerardo Fernández Noroña llevó al instituto el pasado 12 de febrero.
Eso sí, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, ya acudió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la directora de Talleres Gráficos de México, a dar el botonazo de arranque a la impresión de las boletas, con las únicas dos listas que ya son definitivas: la de candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en la que hay 64 nombres) y la de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (donde figuran 15 candidaturas).
Ante las renuncias de aspirantes y las inconsistencias en las listas integradas por los comités de selección, falta por definirse las boletas con las que se elegirá a 15 integrantes de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (3 por cada una de las cinco salas); las boletas para elegir al Tribunal de Disciplina Judicial (que se integrará por cinco personas), las boletas de los Tribunales de Circuito (donde habrán de elegirse 464 magistraturas en todo el país), y las boletas de Personas Juzgadoras de Distrito (386 cargos).
Lo inédito de esta elección, el recorte presupuestal y lo apretado de los tiempos han tenido otros efectos: no está garantizada la paridad sustantiva, lograda en los procesos electorales de los Poderes Legislativo y Ejecutivo desde 2018, y no habrá un programa para el voto de personas en prisión preventiva, lo cual es una gran paradoja: los principales afectados de un sistema judicial corrupto e ineficiente -los presuntos culpables- no podrán votar por los jueces.
Una más: ante lo complejo de las boletas electorales, el INE ha tenido que inventarse un método para el cómputo de los votos, que ya no será hecho por ciudadanas y ciudadanos en las casillas, sino en los 300 Consejos Distritales por parte de consejeros que integran la estructura del INE, como se explica en este texto.
Y algo a lo que no estábamos acostumbrados: nadie sabe, hoy por hoy, cuándo habrá resultados. No habrá Conteos Rápidos ni Programa de Resultados Electorales Preliminares, y el INE se dio hasta 12 días de plazo para dar a conocer los resultados de los comicios.
Hoy en día, tampoco se sabe bien a bien cómo serán las campañas de las candidatas y candidatos, que comienzan formalmente el 31 de marzo, aunque al menos tres candidatas llevan meses promocionándose mediante entrevistas pagadas y pauta en redes sociales, sin que nadie les diga nada: las ministras Lenia Batres (que luchó hasta el último minuto para aparecer en la boleta con el sobrenombre de “ministra del pueblo”), Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Tampoco se sabe si habrá debates, aunque los prevé la reforma constitucional, y cómo se distribuirán los tiempos oficiales del Estado -que administra el INE- entre los miles de candidatos.
Certeza en el resultado
Todo esto ocurre mientras crecen dos certezas en torno a los resultados de la elección judicial: la bajísima participación de la ciudadanía (del 9 por ciento, según calculó la consejera presidenta en una entrevista con Ciro Gómez Leyva), y la segura victoria de candidaturas ligadas al oficialismo.
Con una baja participación, sin los partidos de oposición involucrados en el proceso, sin una sociedad civil interesada y vigilante del proceso, es seguro que ganará la movilización del partido en el gobierno, único interesado en estos comicios.
No es casual que Morena haya iniciado su campaña de afiliación de 10 millones de militantes a sus filas justo en paralelo al proceso electoral. Muy probablemente, esos diez millones de simpatizantes -el voto duro de Morena- serán los únicos que vayan a votar el 1º de junio.
Tampoco es casual que la campaña de afiliación sea encabezada por Andrés López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le ocurrió la idea de la elección del Poder Judicial. El hijo concluirá lo que parece ser la intención original de este proceso: la captura del Poder Judicial por parte de la fuerza política gobernante.
Así, frente a la complacencia de un INE y un Tribunal Electoral que no se distancian del oficialismo, una cosa es cierta: el resultado del 1º de junio beneficiará a Morena y, aunque vaya a votar apenas un 10 por ciento del padrón electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum, los líderes morenistas en el partido y el Congreso, y desde luego Guadalupe Taddei, dirán que fue todo un éxito.
Las consecuencias vendrán después, cuando el sistema electoral mexicano acuse los efectos de haber invertido la ecuación “certeza en las reglas, incertidumbre en el resultado”, para regresar a los tiempos del partido hegemónico, en los que la oposición (incluidos los que hoy gobiernan) no tenían claridad en las reglas ni gozaban de condiciones de equidad, pero todo mundo sabía que el que iba a ganar era el PRI.
Incertidumbre en las reglas, certeza en los resultados: bienvenidos de regreso a los años 70.