Hermosillo, Sonora.- Por los delitos de peculado y asociación delictuosa, derivado de presuntas irregularidades que causaron un daño patrimonial al Gobierno de Sonora de más de 25 millones de pesos, fue vinculado a proceso Juan Carlos ‘N’, representante de una empresa.
De acuerdo con las investigaciones, entre 2017 y 2020, la Secretaría de Hacienda, a través de su entonces secretario y otro funcionario -en el gobierno del PRI-, celebraron diversos contratos anuales con la empresa mencionada bajo la representación de Juan Carlos ‘N’, para supuestamente realizar un servicio profesional.
Sin embargo -indica la Fiscalía-, las indagatorias establecen la presunción de que estos contratos se encuentran viciados, y que los documentos entregados como resultado del servicio no demuestran su utilidad real, ni garantizan que el servicio haya sido prestado en los términos pactados.
Por lo anterior, un juez determinó vincular a proceso a Juan Carlos ‘N’ y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.
En enero, Proceso reveló una investigación que involucraba al señalado Juan Carlos ‘N’ y al exsecretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, así como un funcionario la dependencia, Ernesto Castro, por estos mismos hechos que informa este viernes la Fiscalía.
De acuerdo con una tarjeta informativa de la que Proceso tiene una copia, el extitular Navarro Gallegos, así como el director general de Administración, Ernesto Castro Bustamante, están siendo investigados por peculado y contratos irregulares entre 2017 y 2020 con la empresa Bleda.
Según Proceso, la reparación del daño sería por 25 millones 709 mil 40 pesos, monto denunciado por ser efectivamente pagado a la empresa, y 92 millones de pesos, que es el monto por el que dicha empresa demanda al Gobierno del Estado en un Tribunal Administrativo.
“Entre 2017 y 2020, la Secretaría de Hacienda, por conducto de su entonces secretario y el director general de administración, celebraron 4 contratos anuales de prestación de servicios profesionales con la Comercializadora Bleda S.A. de C.V., con el objeto de iniciar el proceso de comprobación de legal estancia de vehículos de procedencia extranjera en los corralones del Estado”, detalla la tarjeta informativa.
De acuerdo con lo señalado, “los contratos están viciados pues esas actividades deben ser realizadas por servidores públicos y no pueden ser subrogadas a particulares”.
La investigación refiere que “además que los entregables no demuestran su utilidad real, ni siquiera si el servicio fue prestado”.
Con información de Proceso y Fiscalía de Sonora
