Pese a que en 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México buscó asegurar el acceso a insumos de higiene menstrual en todas las cárceles del país, muchos estados continúan sin cumplir, lo que lleva a algunas mujeres a improvisar tampones y toallas sanitarias con materiales inadecuados. Esta problemática se agrava por la falta de atención médica y la escasez de fondos destinados a esto. Mientras algunos estados como Sonora y Baja California han comenzado a implementar estas directrices, muchos otros todavía dependen de donaciones de organizaciones civiles para satisfacer estas necesidades básicas.
Cada mes en las prisiones mexicanas 10 mil mujeres se ven obligadas a improvisar sus propios tampones con pedazos de colchoneta sucia, usar calcetines como toalla sanitaria o camuflar en pantalones de color oscuro las manchas de sangre de su menstruación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó estas prácticas en las cárceles de México en 2021, después de esto obligó a los sistemas penitenciarios a proporcionar a las mujeres lo necesario para una menstruación digna. A tres años de que se realizó este diagnóstico, pocos estados de la República Mexicana lo cumplen.
Para este reportaje se realizaron solicitudes de acceso a la información pública a todos los sistemas estatales penitenciarios de México con el fin de conocer cuánto gastan al respecto así como evidencia de las compras y datos para dimensionar la necesidad de contar con estos artículos mensualmente.
Mujeres recluidas en cárceles mixtas, hombres a cargo del presupuesto de las prisiones y el hecho de que solo 14 de los 32 estados del país gastan en toallas sanitarias, fueron los hallazgos más relevantes de este análisis periodístico, cuyas consecuencias la viven mes a mes unas 10 mil mujeres y personas menstruantes que ante la falta de insumos básicos improvisan con lo que encuentran.
Algunos centros simulan que garantizan este derecho a la salud gastando cero pesos con cero centavos porque las toallas sanitarias que proporcionan fueron obtenidas gracias a donaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil e incluso hay entidades que confirmaron no proporcionarles nada argumentando falta de presupuesto, pese a que la mayoría de las personas que requieren de estos insumos se encuentran en edad reproductiva.
En México, hay 285 cárceles, de las cuales 90 son mixtas y sólo 22 son exclusivas para mujeres, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hasta agosto de 2024.
Tras las rejas mexicanas hay un total de 13 mil 677 mujeres que según los datos de los sistemas estatales penitenciarios cerca de 10 mil están en edad reproductiva lo que significa que necesitan toallas sanitarias, tampones, copas menstruales así como medicamentos en caso de sufrir malestares menstruales.
Sylvia Consuelo Arvizu Lucero, quien estuvo presa en el Centro de Readaptación Social de Hermosillo por 13 años con 10 meses cuenta cómo es menstruar en la cárcel. Ella actualmente tiene 46 años y obtuvo su libertad en 2020, lo que significa que durante todo el tiempo que duró en prisión requirió de estos insumos.
Incide directamente en la estabilidad emocional y psíquica de la mujer el no contar con este insumo. Es un artículo tan íntimo, tan personal que merma tu seguridad”, explicó Sylvia quien recuerda que para aminorar la presión de estar en la cárcel debía de mantenerse ocupada, sin embargo la regla las obligaba a pausar sus actividades.
“Es precisamente en esos días en los que de por sí no traes el ánimo completo para salir a jugar un partido de voleibol o de platicar con las personas, si no tienes cómo protegerte pues menos”, dijo.
No se le olvida cómo tuvieron que fabricar ellas mismas en el área de costura un pantalón de color azul marino para disimular las manchas de sangre, tampoco el hecho que los directores penitenciarios eran hombres, y según ella eso también influía en que el tema de la menstruación no se atendiera debidamente.
Son asuntos que sufrimos las mujeres, los hombres no lo ven importante y mientras los hombres sean quienes administren los centros no lo van a tomar como un artículo de primera necesidad”, explicó.
Dos años después de abandonar la reclusión en el Centro de Readaptación Social de Hermosillo Uno, el cual dejó tras obtener un beneficio llamado “semi” que consiste en el internamiento los fines de semana, el estado de Sonora comenzó a comprar toallas sanitarias.
¿Qué estados sí cumplen?
Así como Sonora en 2022, las entidades de Baja California Sur, Sinaloa, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Querétaro, acataron la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En 2023 se sumó Tamaulipas y Baja California en 2024, de acuerdo con los datos entregados mediante acceso a la información pública.
Los estados de Nayarit, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Zacatecas señalaron que sí proporcionaban insumos, previo a que los penales de todo México fueran instruidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sin embargo en Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Colima, Michoacán y San Luis Potosí aún dependen de las donaciones que realizan las organizaciones civiles para solventar este derecho.
Desafiando barreras para donar toallas en las cárceles mexicanas
“Menstruación Libre” es el nombre de la agrupación a la que pertenece Melanie Téllez. La joven de 27 años de edad ha logrado reunir hasta 600 paquetes de toallas sanitarias. La colecta fue sencilla en comparación con las barreras a las que se enfrentó para poder convertirse en donadora.
“Fue muy difícil hacer la donación, es perder semanas de trabajo porque tienes que ir una o dos veces físicamente al penal para solicitar, mandar correos, dejar una carta firmada, todo esto para ser donador”, contó.
Melanie detalló que tuvo que enviar correos electrónicos, mandar físicamente oficios, esperar sin éxito a la persona. “Y te quedas esperando básicamente en la entrada donde te revisan”, recordó.
Dijo que hubo un momento en el que estuvieron a punto de buscar a quién donarles las toallas cuando realizaron la entrega en el Centro de Readaptación Social número 1 de Hermosillo. “Me imaginé que nos iban a poner peros pero no tantos”, recalcó la activista al referirse que la precaución de las autoridades es para evitar que se introduzcan drogas u objetos prohibidos.
Cuando por fin logró que le aceptaran los donativos, Melanie no pudo entrar a la cárcel para entregar los paquetes a las mujeres, pese a que tardó más de tres horas por fuera esperando. “Alcanzamos a ver una que otra mujer tras las rejas y les dijeron que no salieran”, dijo la joven.
Ani Lozano, quien pertenece a la organización Cadena de Favores, realiza la misma actividad para apoyar en la prisión que se encuentra ubicada en Ciudad Obregón, Sonora, lugar donde han ayudado en varias ocasiones.
“Es un sector muy descuidado, es una causa muy estigmatizada, hay mucho tabú sobre ese tema, de hecho cuando subí la primera información pidiendo ya estaba mentalizada de que me iban a criticar, pero nuestro lema es no fijarnos en la situación”, agregó.
Al igual que Melanie, Ani tampoco pudo ingresar personalmente a la cárcel. Ni siquiera cuando lograron reunir artículos de bebé para una mujer que tuvo un niño en el interior de la prisión.
Llevamos pañales y ropita. Yo no entro al reclusorio, solo me quedo en la puerta de entrada, es lo que me permiten y a groso modo es nuestra labor”, recalcó la joven altruista.
Las autoridades mexicanas no cuentan con datos de cuántas organizaciones de la sociedad civil, empresas o personas acuden a las prisiones a entregar de forma altruista insumos de gestión menstrual, pues en las respuestas proporcionadas por transparencia únicamente se refirieron como “donaciones” a la forma de obtener estos artículos mas no proporcionaron los nombres de las agrupaciones.
Salud está en el olvido ante la ausencia de enfoque de género en prisión
Pese a que en agosto de 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 35/2021 que obligaba a los penales del país a garantizar insumos de higiene menstrual, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo continúan sin cumplirlo.
Hasta la fecha no compran nada y tampoco reciben donaciones, según lo confirmaron a través de las solicitudes de acceso a la información pública realizadas para esta investigación periodística.
Hilda Téllez Lino fue la titular de la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2024 y se encargó de llevar a cabo el diagnóstico en todas las cárceles del país.
Colocarse papel de baño era lo más higiénico, pero era periódico, ropa usada o algunas de ellas colchonetas, las rompían, sacaban el hule espuma y se lo ponían como un tampón, una serie de cosas que se nos salía el alma al escuchar esas historias”, recordó Hilda.
La maestra dijo que lo más impactante era que nunca en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se había tocado el tema de la gestión menstrual como un derecho humano de las mujeres.
“No se mencionaba específicamente, pero si tú lo colocas como un derecho humano obligas al estado a hacer algo para proteger y salvaguardar este derecho”, indicó.
Entre los hallazgos realizados durante la investigación de la Comisión, Hilda reconoce que el primero fue que no existe el enfoque de género en el manejo de las cárceles en México y que además aún doce estados en el país cuentan con penales mixtos, lo que significa que no hay ginecólogos, sino médicos generales que no están capacitados para abordar de forma integral la salud de las mujeres.
“Esto las coloca en una situación de mayor riesgo. No hay presupuesto específico para garantizar que la mujer tenga atención a este derecho humano, entre ellos el acceso a insumos de higiene”, dijo.
El segundo hallazgo, además de confirmar que no se otorgaban toallas sanitarias, fue que las que vendían al interior de los penales eran tres veces más caras que las y de menor calidad que las que se podían comprar por fuera en una farmacia o supermercado.
“Hubo centros que nos decían que tenían donativos y que tenían un cuarto lleno para las mujeres todo el año, pero preguntando con ellas nos decían que no les daban o que solo a algunas o las custodias las vendían a un peso”, señaló.
Hilda detalló que la falta de presupuestos etiquetados para el tema, la discrecionalidad en la entrega de las donaciones y especialmente la prevalencia de prácticas antihigiénicas orillaron a que emitiera la Recomendación en agosto de 2021.
Posteriormente tuvieron que hacer trabajo de sensibilización con las autoridades penitenciarias, que mayormente eran hombres, para hacerles entender la importancia de garantizar de forma gratuita los insumos necesarios.
“Por ser inherente a la salud de las mujeres el Estado está obligado también a saber que no todas las mujeres vivimos un proceso regular de 28 días, o que hay mujeres que pueden menstruar todo el mes o que tienen miomas. Hay muchas cosas y las mujeres en prisión tienen que tener garantizado el derecho al máximo nivel de protección de todo esto”, aseguró Téllez Lino.
¿Qué dice la Ley al respecto?
Apenas en 2016 se creó en México una reglamentación oficial que abarca los derechos y obligaciones de las personas privadas de su libertad.
Se trata de la Ley de Ejecución Penal, documento que aborda el tema de salud de la gente que se encuentra en las cárceles, incluyendo las mujeres y personas menstruantes.
En el capítulo dos se especifica que el estado debe proveer desde atención médica hasta suministros de aseo diarios necesarios y garantizar los artículos para que tengan una estancia digna, priorizando “los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género”, indica el documento.
“Si en la salud menstrual no se atiende, muchísimo menos en la menopausia. En temas de reemplazo hormonal son complicados. Vi muchas ancianas, muchas señoras de la tercera edad. Recuerdo perfecto a una anciana gringa, sentía bochornos y cuando se dio cuenta que era incontinente merma directamente en la salud emocional tener que decirle a alguien que te traduzca que necesitas pañales”, señaló Sylvia Arvizu Lucero, ex interna del Centro de Readaptación Social Hermosillo Uno.
No se equivocó. Según los datos entregados por los sistemas penitenciarios del país, de 2016 a 2024 solo 650 mujeres han recibido tratamientos derivados a la menopausia y solo en ciertas prisiones.
Estados como Yucatán, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo. Coahuila, Chiapas, Campeche, Guanajuato y Baja California no han otorgado ningún tipo de atención médica como reemplazos hormonales, mientras que por prolapso uterino solo se han brindado 12 atenciones en casi diez años en las cárceles de todo México.
Este trabajo periodístico se realizó y publicó originalmente en la tercera edición de #CambiaLaHistoria, proyecto colaborativo de DW Akademie y Alharaca, promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. Conoce el proyecto y más historias en https://cambialahistoria.info.
