El Senado de la República aprobó el pasado viernes una reforma que establece que, entre los objetivos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) estará la construcción de vivienda, para lo cual constituirá una empresa filial.
De acuerdo con un comunicado del Senado, el pleno de la Cámara alta avaló en lo general y en lo particular el proyecto para reformar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia de vivienda con orientación social.
La asamblea respaldó el dictamen en lo general con 68 votos a favor y 29 en contra. Además, rechazó propuestas de modificación presentadas por los senadores del PAN: Ricardo Anaya Cortés, Miguel Márquez Márquez, Gina Gerardina Campuzano González, Ivideliza Reyes Hernández, Imelda Sanmiguel Sánchez y Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo; así como de la senadora María Martina Kantún Can, Morena; y de Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM.
De esta manera, con 67 votos a favor y 27 en contra, el Pleno también avaló en lo particular esta reforma, que fue turnada a la Cámara de Diputados.
El proyecto establece que entre los objetivos del Instituto del Infonavit deberá establecer programas para otorgar acceso a la vivienda a los trabajadores mediante arrendamiento social, entre otras modificaciones.
En tribuna, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, de Morena, afirmó que la propuesta propone créditos más accesibles y flexibles, elimina las altas tasas de interés y los trámites burocráticos; además, promueve la construcción de viviendas en zonas con acceso a servicios esenciales “y se le dice basta a un pasado de abandono, corrupción y deshumanización”.
De Acción Nacional, Gina Gerardina Campuzano González manifestó que las reformas representan un “ataque directo” a la economía de la población, ya que Morena busca “despojar a los mexicanos de sus ahorros del Infonavit, al más puro estilo sucio, oscuro, perverso y corrupto”.
Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Waldo Fernández González destacó que el proyecto tiene una visión social, ya que plantea otorgar financiamiento para adquirir vivienda digna, así como rentas fijas nada excesivas con la posibilidad de comprarlas. Para los gobiernos de la Cuarta Transformación, dijo, la vivienda es una prioridad, “por eso asumimos con responsabilidad este tipo propuestas que beneficiaran a miles de personas”.
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Mely Romero Celis, del PRI, indicó que su bancada está a favor de la vivienda para mujeres y jóvenes, pero advirtió que esta reforma abre la posibilidad para que el gobierno tome recursos de los trabajadores derechohabientes a vivienda, para que los invierta en proyectos inmobiliarios fallidos, lo que pone en riesgo el dinero, porque no hay mecanismos de protección.
Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, aseguró que con la enmienda el Estado recupera su papel rector en la planeación, desarrollo y regulación de los proyectos habitaciones, además de que no se limitará a construir casas, sino que también desarrollará comunidades; “se trata de crear entornos que fomenten el bienestar y la calidad de vida”, agregó.
Su compañero de bancada, Alejandro González Yáñez, aseguró que en el periodo neoliberal se construyeron algunas viviendas, pero “mal hechas”, porque la derecha no defiende los derechos del pueblo “sino de una minoría oligárquica”.
Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno advirtió que con esta reforma se da un “cheque en blanco” para que el gobierno maneje el dinero de los trabajadores y desaparece “de un plumazo” la presencia de éstos para que decidan el manejo del fondo de vivienda, cuyo monto asciende a 2.4 billones de pesos.
