Después de 22 años de existencia, la 4T desapareció al INAI y en seis meses máximo pasará lo mismo con los 32 organismos estatales de transparencia.
En el trasfondo estaban los humores presidenciales, medibles en las mañaneras. En 2019 AMLO declaró estar “de acuerdo con el INAI”. Su opinión fue cambiando. Para el 2023 ya le criticaba no haber combatido la “corrupción que imperaba”, pero reiteraba que “el INAI no se toca”. En el 2024 lo sentenció al calificarlo de “simulación” y de “tapadera” y a sus consejeros de “excesos”. Ergo, no había que corregirlo sino desaparecerlo porque quería privarnos de información pública. Y el señor fue obedecido.
Tengo medio siglo buscando información sobre corrupción y violaciones de derechos humanos cometidos por agentes gubernamentales. En el México priista nos metíamos a las tripas del ogro por la solidaridad de funcionarios inconformes o por las filtraciones intencionadas. Los pudientes tenían a su disposición el recurso de la compraventa de expedientes.
Hace 22 años llegó el INAI y la transparencia se generalizó. Bastaba con inscribirse. El proceso era fácil y rápido, sólo había que poner el nombre real del solicitante o un pseudónimo. Las respuestas variaban según la dependencia. Algunas respondían con rapidez; otras se hacían las remolonas o negaban los expedientes. La clave estaba en la solidez de la fundamentación con la cual se hacía la petición, porque, según confiesan en privado quienes preparaban respuestas, tenían instrucciones de otorgar sólo lo que expresamente se pedía.
Hasta el 30 de noviembre pasado la Plataforma Nacional de Transparencia había recibido 10,148,417 solicitudes de información que fueron almacenadas en dicha plataforma con sus respectivas respuestas. A esto habría que sumar alrededor de 15 mil millones de archivos (16.5 terabytes) correspondientes a la información que por ley debían de subir 7,407 sujetos de todos los órdenes de gobierno. Un tesoro para la investigación que se complementa con acervos sobre la acción gubernamental liberados en todo el país. La pérdida es enorme.
Con la extinción del INAI, ¿cubrirán los sudarios de tinieblas la actuación del gobierno? Es imposible responder a cabalidad porque los académicos, periodistas y activistas seguiremos buscando documentos y confidencias. Lo que sabemos sobre la burocracia facilita el pronóstico: por inconformidades o afán de lucro se multiplicarán las filtraciones.
También contamos con el internet y con los hackeos cometidos en aras de la igualdad o de la ganancia sin adjetivos. En el sexenio pasado, el caso más grande fueron los Guacamaya Leaks. En septiembre de 2022 supimos que un grupo desconocido había robado alrededor de cuatro millones de documentos (seis terabytes) de un servidor de la Secretaría de la Defensa. Lo publicaron sin pedir nada a cambio y tuvimos acceso directo a las entrañas del gobierno y del ejército reflejadas en fotos y Power Points, videos, conversaciones, planes y negociaciones. Desconocemos con precisión cómo pudieron acceder a ese servidor, toda vez que el Congreso fue fiel a su costumbre y se abstuvo de revisar lo que sucede en el interior de las Fuerzas Armadas.
En noviembre pasado el grupo RansomHub de origen ruso sustrajo ilegalmente 313 gigabytes de información confidencial de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Pedían un rescate que la oficina presidencial se negó a pagar. Parece que la información ya se encuentra en la dark web (la red oscura) donde seguramente está siendo comerciada.
Seguirá siendo libre el acceso a la información que fluye sin restricciones por internet. Es enorme la acumulación de falsedades y verdades que permiten valorar la gran complejidad a la que se enfrentan los tejedores de la historia. A raíz del traslado-entrega voluntaria y forzada de Joaquín Guzmán López e Ismael el Mayo Zambada a Estados Unidos, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos emitió un boletín felicitando a sus agentes y a los del FBI que habían participado en ese y otros operativos.
En suma, nuestros gobiernos son incapaces de frenar a los hackers o impedir que operen en nuestro territorio agentes extranjeros. Pese a ello, la mayoría de la 4T en el Congreso obedeció la instrucción de degollar al INAI, un organismo que transparentaba las interioridades gubernamentales de manera legal. Combatiremos las tinieblas. Eso hicimos y eso haremos.
La verdad no se mendiga, se conquista.
Colaboró Elena Simón
