El Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2025, que proyecta ingresos por 9.3 billones de pesos, un monto histórico equivalente al 15 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El dictamen, que fue enviado al Ejecutivo, fue aprobado en lo general y en lo particular con 83 votos a favor de Morena y aliados y 36 en contra de la oposición.
La ley autoriza un endeudamiento neto interno de hasta 1.58 billones de pesos y un endeudamiento neto externo de hasta 15,500 millones de dólares.
Estima ingresos por impuestos por 5.3 billones de pesos, así como ingresos derivados de financiamiento por 1.24 billones de pesos.
Asimismo, prevé cuotas y aportaciones de seguridad social por 603,077,9 millones de pesos; contribuciones de mejoras por 38.8 millones de pesos.
También estima ingresos derivados de derechos por 137,500,5 millones de pesos; de productos por 13,707,1 millones de pesos y de aprovechamientos por 223,166,3 millones de pesos.
A su paso por la Cámara de Diputados, se añadió el Artículo Trigésimo Quinto Transitorio, que establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrá reducir hasta el 100% del monto correspondiente a multas y recargos derivados de adeudos por concepto de cuotas obrero patronales a cargo de entes públicos, generados hasta el 31 de diciembre de 2024.
Esta reducción, solo será procedente cuando el pago de los adeudos de las cuotas se realice en una sola exhibición o mediante la suscripción de convenios de pago en parcialidades a un plazo máximo de hasta 6 años.
El dictamen también incluye financiamiento estratégico para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el que se aprueba que la petrolera pueda endeudarse internamente hasta por 143,403,7 millones de pesos y externamente hasta por 5,512,7 millones de dólares.
En tanto para la CFE, fue avalado un techo de endeudamiento interno de 10,027 millones de dólares y externo de 991 millones de dólares.
El debate
El senador morenista Cuauhtémoc Ochoa, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, aseguró que la ley “es una declaración de principios y compromisos con el pueblo de México”, así como “una hoja de ruta que refleja nuestra visión de justicia social, sostenibilidad financiera y crecimiento con bienestar. Es el resultado de una manera diferente de gobernar, priorizando siempre a quienes más lo necesitan”.
Señaló que la legislación “garantiza un crecimiento económico equilibrado, sostenible y justo, con enfoque prioritario en la reducción de las desigualdades y la mejora de la calidad de vida de todos los mexicanos”, por lo que consideró que refleja responsabilidad fiscal con justicia social.
La senadora panista Guadalupe Murguía consideró que la ley “está fuera de la realidad” y es “demasiado optimista” sobre los ingresos a recaudar, el crecimiento económico, la inflación, la tasa de interés, el déficit presupuestal e incluso en cuanto al nivel de endeudamiento al que llegará el país.
Por parte del PRI, la senadora Karla Toledo estimó que la Ley de Ingresos muestra una “alarmante desconexión” de las “verdaderas necesidades de los mexicanos” por parte del oficialismo.
Mientras que la emecista Alejandra Barrales aseguró que la propuesta está “fuera de toda realidad”, basada en datos que no se corresponden con lo que vive el país. Señaló que las proyecciones del gobierno contrastan con las de los organismos públicos especializados y con las de la iniciativa privada.
