El llamado “Plan C” que dejó Andrés Manuel López Obrador como hoja de ruta para su sucesora, Claudia Sheinbaum, es una locomotora que avanza irremediablemente, y que tiene una parada estratégica el 1º de junio de 2025, cuando se lleve a cabo la jornada electoral para votar por 881 cargos en el Poder Judicial Federal, y otros cientos a nivel estatal.
Hoy ya no hay duda de que esa insólita y controvertida elección ocurrirá, pese a todas las críticas que se le ha hecho al proceso, las complicaciones logísticas, lo apretado de los tiempos, los regateos presupuestales de Morena y el aparente desinterés de la comunidad jurídica del país en postularse a algunos de los cargos.
La elección será la cereza del pastel de un proceso iniciado por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, y hoy se antoja difícil que alguien se interponga en el camino.
Todo apunta a que no habrá una prórroga de 90 días como la que el Instituto Nacional Electoral pidió la semana pasada al Congreso, y que el cronograma de la elección se cumplirá en tiempo y forma. Todo parece indicar que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, firmó el oficio con la petición de prórroga sólo para darle por su lado al grupo de consejeras y consejeros que no comulgan con la “4T”, y que han intentado -sin éxito- poner peros a que el instituto se embarque en esa aventura.
La principal preocupación en el grupo que no apoya a Taddei es la posibilidad de que decenas de estados modifiquen su constitución estatal y convoquen a elecciones locales de jueces, lo que sumaría miles de cargos en elecciones concurrentes. Hasta el momento, Michoacán, Tamaulipas y Durango ya van en esa ruta. En la Ciudad de México comienza a hablarse de ello, al igual que en otros estados gobernados por Morena.
Y, pese a esa posibilidad de ir a una elección gigantesca, todo está en ruta para llegar al 1º de junio: el Senado sorteó los cargos de Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que se elegirán en este año. Se conformaron los comités de evaluación de candidaturas en los tres Poderes de la Unión (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), se convocó a la ciudadanía interesada, y este domingo 24 de noviembre se cerró el registro de aspirantes, con más de 21 mil personas que buscan uno de los cargos en disputa.
El INE inició el proceso formal y legal el 23 de septiembre y, aunque tuvo que suspenderlo durante más de un mes por las suspensiones de jueces en contra de la reforma judicial, la semana pasada levantó la pausa y retomó los trabajos, gracias a una sentencia del Tribunal Electoral.
Ya se instaló la Comisión de seguimiento del proceso electoral, se aprobaron el programa y calendario de actividades, se acordó que el 2 de diciembre se instalarán los Consejos Locales y Distritales del INE, y una cartografía para adaptar la geografía electoral de 300 distritos a los circuitos y distritos judiciales.
¿Qué sigue ahora?
- De aquí al 15 de diciembre, los tres Comités de Evaluación revisarán la documentación entregada por los miles de aspirantes que acudieron a la convocatoria, e informarán quienes pasaron ese primer filtro.
- Después de ese día, y hasta el 31 de enero, los comités depurarán la lista para llegar a una primera lista de candidaturas, una por cada Poder, con el siguiente número de aspirantes por cada cargo:
- 10 para los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
- 6 para las magistraturas de Tribunal de Circuito y para jueces de Distrito Judicial.
Así, para ese primer filtro se esperaría que hubiera 16 mil 230 candidaturas, suponiendo que cada Poder llegue al número de aspirantes idóneos para cada cargo. Conforme a esta tabla:
- El 5 de febrero de 2025, cada Comité de Evaluación pondrá en una tómbola los nombres mejor evaluados para cada cargo, y se realizará un sorteo para llegar al número de candidaturas que cada Poder podrá poner en la boleta, según lo estipulado en la Constitución.
- 3 para los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
- 2 para las magistraturas de Tribunal de Circuito y para jueces de Distrito Judicial.
Más de cinco mil candidaturas
Esta ruta llevará a la postulación de máximo 5 mil 379 candidaturas para la elección de los más de 881 cargos que estarán en disputa, conforme a la siguiente tabla:
- El 12 de febrero, el Senado enviará las listas definitivas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral (INE), que deberá proceder al diseño e impresión de las boletas electorales, para distribuirlas conforme a la cartografía aprobada la semana pasada.
- El 30 de marzo darán inicio campañas de todos los candidatos, en las que el INE deberá difundir los perfiles de las candidaturas, garantizar acceso equitativo en los tiempos oficiales de radio y TV, fiscalizar los ingresos y gastos, organizar debates entre los aspirantes a cada uno de los cargos y revisar que nadie viole las reglas de promoción en plataformas digitales y redes sociales (en las que está prohibida la contratación de pauta).
- El 28 de mayo concluirán las campañas.
- Y el domingo 1º de junio será la jornada electoral, a menos de que el régimen considere que sí le conviene la prórroga, una posibilidad ante la inscripción de un número menor de candidaturas respecto a las que se requerirían tan sólo para cumplir con la previsión del primer filtro.
Si este lunes 25 de noviembre se confirma que hay pocas candidaturas aún registradas, quizás alguien en el régimen decida explorar la posibilidad de dar una prórroga como la que pidió el INE.
Pero eso abriría un panorama muy complicado, que pasa por una reforma a los artículos transitorios de la reforma constitucional al Poder Judicial, en los que se colocó la fecha de la jornada electoral del 1º de junio.
Ese sería sólo un primer paso para aplazar todo, que implicaría reabrir convocatorias, mover plazos y fechas, y darle más tiempo al INE, pero cambiándole todo el esquema del calendario y programa ya aprobados.
Faltan sólo 188 días para la jornada electoral y no se ve sencillo el panorama. A las complicaciones logísticas y de calendario, se sumará el problema presupuestal, si es que Morena y la presidenta se empeñan en recortar la partida de 13 mil 205 millones de pesos solicitados por el INE para organizarles su elección.
Sin tiempo, ni dinero, el INE podría jugarse su prestigio en esta elección. Un descalabro sería fatal, de cara a posteriores citas en las urnas y cuando Morena y la presidenta amenazan con ejecutar una reforma político-electoral antes de 2027.
