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lunes, diciembre 2, 2024

Poder militar

Sergio Aguayo
Académico y analista. Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Realizó maestría, doctorado y posdoctorado en la Universidad Johns Hopkins. Desde 1977 es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y tiene el Nivel III en el Sistema de Investigadores. Actualmente coordina el Seminario sobre Violencia y Paz en esa institución.

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Los criminales son tan fuertes, que en algunos aspectos compiten con Morena y las Fuerzas Armadas. Me centro hoy en el Ejército, el histórico capitel del régimen.

Durante décadas lo vimos desfilar y aplacar inconformes de la mano de gobernantes civiles. La tradición se rompió la noche del 2 de octubre en Tlatelolco. El general secretario, Marcelino García Barragán y un número importante de generales se sintieron traicionados por el presidente que los metió en la llamada “trampa de Tlatelolco”. Les dolía que se condenara al Ejército por asesinar estudiantes cuando fueron oficiales del Estado Mayor Presidencial –enviados por el comandante en jefe, el presidente de la República­– los que dispararon desde las alturas contra los participantes en un mitin pacífico.

Los uniformados reaccionaron incrementando su autonomía y profesionalizándose, lo cual requería presupuesto y construcción de instituciones. Lo hicieron sexenio tras sexenio hasta alcanzar cotas sin precedentes durante los años de Andrés Manuel López Obrador. Desconocemos los por qué. Sabemos que el tabasqueño se la jugó por y para la Sedena. 

Enrique Peña Nieto intentó, supongo, ponerles un contrapeso y encumbró a la Secretaría de Gobernación (Segob), que ancestralmente controlaba desde el poder civil la estrategia de seguridad, entregándole durante su sexenio 630 mil millones de pesos (mmdp). López Obrador caminó en sentido opuesto: mientras ungía a la Sedena de prosperidad republicana, deshuesó a la Segob y la sometió a la austeridad franciscana: entre 2018 y 2024 sólo recibió 112 mmdp (una disminución del 82.2%). Si Peña Nieto entregó al Ejército 588 mmdp, AMLO llegó a 936 mmdp (un incremento del 59.18%).

Hubo arropamientos de otro tipo. Bajo el manto de “abrazos, no balazos” la Guardia Nacional se dedicó a patrullar calles y caminos sin enfrentar o detener a presuntos criminales. En una absurda jugada, López Obrador colocó en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a una mujer inepta pero dispuesta a consentir los atropellos castrenses y defendió al general secretario atendiendo él mismo a los periodistas que hacían preguntas incómodas (de los Guacamaya Leaks a los viajes suntuarios del titular de la Sedena).

Cuando las comisiones de la Verdad sobre Ayotzinapa y la Guerra Sucia exigieron información clave al Ejército, el presidente respaldó su negativa a informar. Y cuando se supo del espionaje militar a los teléfonos de funcionarios de Gobernación (Alejandro Encinas y Camilo Vicente Ovalle) lo minimizó y se colocó del lado de los uniformados que, por supuesto, lo negaron.

Desde el peñanietismo, el Ejército fue consolidando su poderío. Una novedad es el crecimiento de la diplomacia militar. En un texto para el Wilson Center de 2018, Íñigo Guevara documentó la construcción de una diplomacia militar acorde con su nuevo estatus. Entre 2001 y 2008 nuestros soldados participaron en dos ejercicios militares con efectivos estadounidenses. De 2009 a 2017 lo hicieron ¡50 veces! Entre 2014 y 2017 se pusieron agregadurías militares en 13 embajadas mexicanas. A Guevara le faltaron cifras del sexenio pasado, pero me asegura que estarán actualizadas en enero de 2025.

La sociedad está dividida ante el empoderamiento militar. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI dice que el promedio de confianza en el Ejército entre 2019 y 2024 ha sido del 87.22%. Hay una minoría deseosa de entender mejor la fuerza adquirida por los militares y la producción es abundante y de buena factura. El “Inventario Nacional de lo Militarizado” (2024) del Programa de Política de Drogas, México Unido contra la Delincuencia e Intersecta, fundamenta teórica y fácticamente la debatida tesis sobre la militarización. 

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reaccionado fortaleciendo la opción civil a través de una superpoderosa Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Desafortunadamente insiste en degollar al INAI que, me consta, ha sido una institución clave en el acceso a los archivos de la Sedena para beneficio de las mayorías y las minorías. Otro indicador será si ratifica a Rosario Piedra en la CNDH o la sustituye por alguien capaz de empatizar con las víctimas.

Es una historia inacabada. Afortunadamente el escrutinio independiente sigue teniendo espacios. Todavía. 

@sergioaguayo

Colaboró Sebastián Rodríguez

Aviso

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