En una sesión realizada en una sede alterna durante la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto de reforma al Poder Judicial.
La votación se llevó a cabo con una mayoría calificada de 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien fungió como presidente de la Mesa Directiva, informó que para la discusión en lo particular se presentaron propuestas de modificación a todos los artículos del proyecto de decreto y a todos los artículos transitorios.
En el transcurso de la madrugada, trabajadores de juzgados y tribunales federales bloquearon los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro para impedir la discusión de la reforma. Ante esta situación, las fracciones legislativas de la llamada cuarta transformación decidieron trasladar la sesión al Salón de Armas de la Magdalena Mixhuca.
La sesión, convocada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, comenzó a las 4 de la tarde y se extendió durante once horas.
Los diputados de oposición, principalmente del PAN, participaron en la sesión con reservas, argumentando que esta no debería haberse realizado debido a la existencia de dos órdenes de suspensión emitidas por jueces de distrito, las cuales, según sus afirmaciones, impedían la discusión de la reforma judicial.
El diputado Sergio Gutiérrez Luna, coordinador de la Mesa Directiva, fue instado por los legisladores del PAN a reconocer la existencia de estos amparos para dejar constancia del mandato judicial.
Pese a las protestas de la oposición, la mayoría oficialista aprobó el proyecto de reforma en lo general, mientras que la discusión en lo particular aún está pendiente.
¿Qué contempla la reforma al Poder Judicial?
El dictamen aprobado establece, entre otros puntos, la elección por voto popular de magistrados de Circuito, jueces de Distrito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un proceso que será organizado por el Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, se reduce el número de ministros de la SCJN de 11 a 9, con un mandato de 12 años. También se fija un plazo máximo de seis meses para que las autoridades competentes emitan sentencias, con la obligación de justificar ante el Tribunal de Disciplina Judicial o el Órgano Interno de Control en caso de no cumplir con dicho plazo.
El proyecto también contempla la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrá la facultad de conocer, investigar y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación por actos u omisiones contrarias a la ley. Este tribunal también será responsable de resolver los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, así como los conflictos entre la SCJN y sus empleados.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial, que tendrá independencia técnica y de gestión, se encargará de la administración, carrera judicial y control interno del Poder Judicial, y determinará la estructura y competencia de los tribunales colegiados de Circuito, tribunales de Apelación y juzgados de Distrito.
La reforma también elimina el Consejo de la Judicatura, sustituyéndolo por un órgano administrativo y el mencionado Tribunal de Disciplina Judicial. Además, introduce la figura de “jueces sin rostro” para proteger a los juzgadores en procesos relacionados con el crimen organizado. La votación se realizó “de viva voz” debido a la falta de un tablero electrónico en la sede alterna, y contó con el respaldo del bloque oficialista de Morena y sus aliados.