Despreciar los procedimientos y las instituciones autónomas es sinónimo de centralizar el poder. El proyecto de nación de Morena ha negado la sana diferencia que existe entre el gobierno y lo público porque lo público no se reduce a lo gubernamental. Los predicadores de la cuatroté, afirman, con aires de grandeza, que todo aquél que se niegue a compartir su visión, no pertenece al pueblo mexicano. Para el oficialismo no existe la pluralidad en lo público, lo público es el gobierno –peligrosa división que atenta en contra de libertades fundamentales–. Las políticas que generan no son públicas, sino gubernamentales, responden a los intereses del mandatario en turno. Las obras para el desarrollo del país tampoco son públicas, se reducen a ideas fundamentadas en interpretaciones polarizantes y populistas de un solo hombre que desde Palacio Nacional intenta dictar el rumbo de una nación con impulsos, ocurrencias, arranques voluntaristas, palabras, pero con poca disciplina y ciencia.
Las obras oficialistas de este gobierno comparten vicios sistemáticos que dejan indefensos a los ciudadanos ante el poder. Negar la transparencia, despreciar a los actores inconformes con sus proyectos, ocultar la verdad, distorsionar la realidad para victimizarse, hablar en nombre de todos de forma paternalista, inaugurar las obras sin garantías de eficiencia, atentar contra el medio ambiente, menospreciar los procedimientos legales e ignorar las protestas son las formas que utiliza Morena para abusar del poder y cumplir la necesidad del presidente de crear símbolos vacíos, carentes de significantes.
Ejemplos sobran: el tren maya, el AIFA, la Aerolínea del Bienestar, entre otros. A Sonora ya le llegó su obra oficialista y fantasma. Nadie sabe de dónde vino, a dónde va y qué efectos tendrá, el tren en Nogales empezó su construcción sin garantías ni permisos requeridos por parte de otras dependencias estatales y paraestatales que protegen los intereses de la comunidad. Es evidente que Nogales necesitaba una reestructura en las vías del tren, no una imposición oscurantista que no resuelve las preocupaciones de los sonorenses afectados. Grupos ambientalistas han protestado por un año, su tesis es que el daño al ecosistema no estaba evaluado en el proyecto. La petición fue ignorada, empezó la construcción y, ya sin posibilidad de retornar, se dignaron a pedir la Manifestación de Impacto Ambiental. El oficialismo actuó por la presión ejercida, pero no resolvieron el fondo de los problemas: ¿Qué impactos económicos y ambientales tendrá el tren? ¿Hacía dónde se dirige? ¿A qué comunidades afectará?
La incertidumbre genera desconfianza de la comunidad hacia el gobierno. La falta de transparencia siembra sospecha. El enfoque totalitario impide la colaboración de diversas perspectivas con distintos actores políticos que enriquecerían la investigación y la ejecución de obras verdaderamente públicas y eficientes. Toda obra pública debe evaluar el desarrollo y el impacto que tendrá en múltiples ámbitos que realmente interesan y afectan a la ciudadanía.
Los vicios sistemáticos de las obras fantasmas violentan los derechos civiles, si la pluralidad no es tolerada, las minorías y los disidentes son abandonados ante el poder. El oficialismo ha secuestrado lo público autodenominándose el pueblo mexicano porque, como todo populismo, Morena quiere absorber y silenciar a todo aquel ciudadano de a pie, con causas auténticas, que difiere de su visión de nación.
La mentira más dañina de este gobierno no está en las obras poco públicas que han desarrollado, sino en su narrativa cimentada en la falsedad que descarta a millones de mexicanos propagada por sus falsos profetas: “si no estás conmigo, estás contra mí”.
