La ministra Lenia Batres, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), calificó de “ilegal” la filtración y el acuerdo de admisión de la denuncia presentada en contra el exministro Arturo Zaldívar, señalado por presuntos actos de corrupción y “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.
“La filtración de una denuncia y de su acuerdo admisorio es ilegal. Pone en riesgo las formalidades esenciales de un procedimiento justo y contraviene la práctica general de la SCJN”, escribió la ministra mediante una tarjeta informativa.
La semana pasada se dio a conocer que, desde el 9 de abril de 2024, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña recibió una denuncia anónima presentada en contra de Zaldívar y otros de sus colaboradores más cercanos, por presuntos actos de corrupción cometidos entre el 2019 y 2020.
En dicho documento se señala que “obligaron a la ministra Batres a tener a Netzaí Sandoval como coordinador de ponencia”, pues en su actuación como director general del Instituto Federal de Defensoría Pública supuestamente “presionaba a defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses”.
Al respecto, la ministra Batres aseguró que nadie la presionó para elegir al personal de su ponencia, mucho menos a su coordinador.
“Hacer pública la denuncia anónima y el acuerdo de inicio de investigación durante esta etapa electoral que vive nuestro país, constituye un elemento desafortunado tanto para la resolución jurisdiccional del tema, si procediere, como para la coyuntura propiamente política. La Suprema Corte no debe servir a intereses facciosos de ninguna clase, ni someterse a la sospecha de que participa a favor de alguna campaña electoral”, escribió.
Pese a lo anterior, aseguró que no adelantará criterio alguno ni dará declaraciones sobre el caso, pues la eventual decisión del Consejo de la Judicatura Federal sobre el caso podría ser revisada por la propia Suprema Corte.
¿De qué son acusados Zaldívar y sus excolaboradores?
De acuerdo con el expediente de investigación J/108/2024, Zaldívar es acusado de “vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
Según el escrito, Zaldívar ejerció presión sobre los titulares de órganos jurisdiccionales a través del entonces secretario general de Presidencia del Consejo, Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objetivo de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos y económicos a cambio.
Carlos Antonio Alpízar Salazar es acusado a su vez de enriquecimiento ilícito, corrupción y/o extorsión.
De acuerdo con la denuncia, este pudo obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos tras ponerse a las órdenes del exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra.
Carlos Antonio Alpízar Salazar fue designado titular de la Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación en marzo de 2023.
Otro de los exfuncionarios del consejo implicados es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, entonces titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, quien es señalado de delincuencia organizada institucional.
Según el documento, de acreditarse estos hechos, pudieran significar la existencia de actos que atentan contra la independencia de la función judicial; falta de imparcialidad y profesionalismo; violencia sexual; cohecho; abuso de funciones; desvío de recursos y enriquecimiento oculto.
Todas estas conductas son causa de responsabilidad administrativa en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
