El debate fue decepcionante. Las candidatas y el candidato se dedicaron a recuperar el gastado guion escrito por sus predecesores: acusar a los otros sin asumir, jamás, la parte de responsabilidad que han tenido los partidos que los proponen en diversos fracasos. Es la fórmula adecuada para tener seis años de lo mismo.
El último debate tocará el tema de la violencia, quizá el más importante en la agenda nacional. Corresponde entonces insistir, con información y sugerencias, en la importancia de evaluar los escasos éxitos y los muchos fracasos de “las guerras del narco”.
Al respecto, estoy por terminar una larga y difícil investigación sobre las estrategias contra la violencia seguidas por los siete últimos presidentes entre 1982 y 2024. Una primera versión aparecerá después de los comicios y un libro en 2025; adelanto algunas cifras y conclusiones.
En esos 42 años transcurridos, y ante el creciente número de homicidios y desapariciones, los presidentes mostraron su preocupación aprobando generosos presupuestos. Para enfrentar la inseguridad, cuatro secretarías de Estado y otras 21 instituciones federales recibieron nueve billones (millones de millones) de pesos entre enero de 1983 y diciembre de 2024. En dólares eso significa alrededor de 549 mil millones.
Por desgracia, buena parte de ese dinero sirvió de poco, porque entre enero de 1983 y noviembre de 2023 el conteo macabro llegó a 854,785 personas asesinadas o desaparecidas y no localizadas. Un costo adicional es el de las extorsiones y muchos otros delitos.
De los siete mandatarios, cuatro eran priistas, dos panistas y el actual, de Morena. Si añadimos a sus partidos aliados, las élites políticas, pasadas y presentes, comparten la responsabilidad de un fracaso monumental porque en asuntos de seguridad siguen cometiendo los mismos errores.
Los presidentes hacen y deshacen inspirándose en intuiciones, ocurrencias y uno que otro acierto. Una manifestación de esa predisposición a la improvisación ha sido el permanente manoseo de instituciones clave. Gobernación, Seguridad y la Procuraduría (ahora Fiscalía) han sido manejadas con una visión cortoplacista suicida. Las fuerzas armadas se han escapado del toqueteo y se han empoderado sin que ello se traduzca en el freno a la expansión criminal.
Otra constante de las últimas cuatro décadas ha sido la irrelevancia del Legislativo. En contadas ocasiones los diputados y senadores se han atrevido a cumplir con su obligación de vigilar a las instituciones encargadas de la seguridad. Es decir, no han supervisado las decisiones de los presidentes a los cuales complacen y aplauden, sin importar las siglas del partido mayoritario.
Finalmente, la mayoría de los gobernadores se hacen los desentendidos aprovechando la tolerancia de los presidentes que se quejan ocasionalmente, pero terminan aceptando que los asuntos criminales siguen siendo materia federal.
Si el próximo gobierno quiere realmente romper con la inercia de estos siete sexenios y atender de manera eficiente y clara la emergencia de la seguridad, es necesario que, quien se siente en la Silla del Águila, evite la improvisación con la que han procedido sus antecesores. Es igualmente urgente que los partidos presionen a sus fracciones parlamentarias para que pongan a trabajar a las, hasta ahora, inútiles comisiones camerales y bicamerales de seguridad.
A la hora de proponer y aprobar leyes e implementar políticas en materia de seguridad, la próxima o el próximo presidente, junto con el legislativo, los partidos y sus gobernadores tendrán que tomar en cuenta las opiniones de las víctimas y de la sociedad organizada que han lidiado durante décadas con las bandas criminales y los gobiernos, y conocen muy bien sus fortalezas y debilidades.
Hay suficiente tiempo, antes del tercer debate (19 de mayo), para que quienes compiten por la presidencia de la República exploren un acuerdo nacional para la paz en el que estén los partidos, los gobiernos y la sociedad. Acusarse entre sí –como hicieron durante el primer debate del pasado domingo— sólo significa que no han aprendido las lecciones de la historia y de los últimos siete sexenios y estarán, por lo mismo, condenados a repetir tragedias padecidas por todos y todas. En eso sí somos iguales.
Colaboró Sebastián Rodríguez
