La gestión del exministro Zaldivar como presidente de la Suprema Corte fue enmarcada por una obsequiosa cercanía con el Presidente, que rebasó la natural cortesía de una relación entre poderes, para convertirse en una penosa condición para los miembros de Tribunal Constitucional.
Las declaraciones y posicionamientos de Zaldivar, además de ser materia prima para memes y cartones periodísticos, observó un tufo de complicidad con matices de sumisión y entrega, que suponía injerencia del Ejecutivo sin dudas, pero sin pruebas.
Por eso, la declaración del presidente describiendo, con lujo de detalles, las “amables conversaciones” con Zaldivar para pedir que influyera en las decisiones de los jueces en ciertos procesos judiciales, han causado críticas y señalamientos.
La torcida justificación del exceso fue evitar que los criminales salieran de prisión, sin importar las deficiencias de las investigaciones o los recurrentes errores o imprecisiones que, en no pocas ocasiones, han provocado injusticias.
Las declaraciones del presidente se dan en el marco de la enésima descalificación a jueces y ministros, y son excusa para la vergonzosa comparación entre Zaldívar y la actual presidenta de la SCJN, Norma Piña.
Zaldívar ha negado que haya facilitado preferencias judiciales del Gobierno, apurando un malentendido “de lenguaje” y justificando el desconocimiento del presidente en materia de leyes.
Sin embargo, la realidad es que no hubo error de lenguaje.
El Presidente textualmente dijo: “cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”.
El conflicto de Interés y la violación a los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial han sido señalados, dejando al descubierto una ausencia de controles éticos por parte del Ejecutivo Federal.
La acción y el reconocimiento presidencial representan un ataque deliberado a la independencia judicial.
Como ya lo hemos dicho en anteriores colaboraciones, la independencia del Poder Judicial del Ejecutivo es fundamental para el funcionamiento efectivo de un sistema democrático y el estado de derecho.
La independencia judicial garantiza un equilibrio entre los tres poderes, el cual es esencial para evitar la concentración excesiva de poder en manos de una sola persona o un solo órgano del gobierno, lo que podría llevar a abusos y violaciones de derechos en contra de los ciudadanos.
Un Poder Judicial autónomo es crucial para proteger los derechos y libertades individuales, ya que si éste se encuentra influenciado o controlado por el Ejecutivo, existe precisamente el riesgo de que cualquier ciudadano no reciba un juicio imparcial y justo, como pudo ocurrir en los casos donde el ejecutivo le pidió intervenir a Zaldívar.
Además, este principio es un pilar fundamental del Estado de Derecho, ya que garantiza que las leyes se apliquen de manera justa e imparcial, sin interferencias políticas indebidas, lo que fortalece la confianza de la población en el sistema legal y promueve la estabilidad.
La independencia judicial actúa como un freno contra posibles abusos de poder, ya que jueces y magistrados pueden revisar y cuestionar las acciones del gobierno, asegurando que éstas estén en conformidad con la Constitución y las leyes.
Lo que esto nos deja como lección, es que hoy más que nunca debemos proteger la independencia del Poder Judicial y evitar que en el futuro un nuevo “Zaldívar” permita que otro Presidente o Presidenta le dé órdenes, ya que entonces en ese momento de facto renunciaríamos a un sistema legal justo que proteja los derechos individuales, mantenga el Estado de Derecho y prevenga los abusos de poder.
Y eso no lo podemos permitir en México, en caso de que queramos seguir viviendo como una sociedad democrática.
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