El pliego de 20 iniciativas presentadas el pasado 5 de febrero por el presidente López Obrador para reformar la Constitución y algunas leyes secundarias son un atentado contra la democracia y la impartición de justicia y, además, son una evidente cortina de humo para apoyar la candidatura presidencial de Morena.
Al analizar los temas que abordan cada una de las iniciativas, es claro que la intención del Ejecutivo federal es adueñarse de la narrativa pública, marcar la agenda política-electoral y, con ello, subir a todos a su campaña: opositores, sociedad civil, analistas económicos y políticos, y en general a la opinión pública.
Planteamientos de reformas constitucionales como estos generalmente son lanzados al inicio de una administración para allanar el camino que tendrá el gobernante durante su periodo de trabajo y aprovechar el “bono” democrático que les otorgó la ciudadanía con su voto favorable.
En este caso, López Obrador va de salida, pues le quedan poco menos de 8 meses de gobierno, ya que deberá entregar la banda presidencial el próximo 1 de octubre.
Por lo tanto, el presidente está proponiendo cambios para los que evidentemente ya no cuenta con los votos suficientes en el Congreso y además cuyas consecuencias legales y financieras le correspondería enfrentar a la próxima administración federal, lo cual no es sano, ni deseable para la nueva presidenta o presidente de la República.
Por lo tanto, el acto del pasado 5 de febrero es en realidad una señal de lanzamiento de plataforma para la campaña de la candidata presidencial de Morena.
Por si fuera poco, las iniciativas planteadas son una cosa en el discurso y otra muy distinta en la redacción formal presentada a los legisladores.
Por ejemplo, en el caso de la reforma de pensiones, en la iniciativa presentada se establece que el beneficio del retiro con el 100% del último salario será solamente para los trabajadores formales que ganen menos de 16 mil pesos mensuales, mientras que en el discurso mediático del presidente se afirmó que todos los trabajadores del país tendrían ese beneficio.
Además, la propuesta no menciona de dónde saldrán los recursos para subsidiar las pensiones que sean equivalentes al 100% del último salario del trabajador.
Pero como bien lo señaló la candidata opositora Xóchitl Gálvez, si realmente la intención es retirar a los trabajadores con el 100% de su sueldo, el presidente puede iniciar poniendo el ejemplo con los trabajadores al servicio del Estado mexicano, como es el caso de los maestros y, para ello, no requeriría de reformas constitucionales, solamente necesitaría voluntad política y asignar los recursos correspondientes.
Por otra parte, también es evidente que la intención del pliego de reformas del presidente tiene como objetivo desviar la atención de los temas que son un verdadero lastre para su gobierno: violencia, casos de corrupción, insuficiente cobertura de salud, falta de medicamentos, crisis por desaparecidos, entre muchos otros.
Finalmente, las propuestas para reformar a las autoridades electorales y al Poder Judicial son, como ya lo dijimos, un atentado contra la democracia y la impartición de justicia.
En ningún país avanzado y democrático del mundo los jueces y magistrados de la Suprema Corte son elegidos por voto popular, salvo el caso de Bolivia, que es un país subdesarrollado y de cuestionable salud democrática.
Tampoco es buena idea que los consejeros electorales sean electos por voto popular porque eso evidentemente los alinearía con los intereses de los partidos políticos y, en especial, a los del partido en el poder.
Para estos puestos, en vez de elegir a las personas más populares, se deben elegir los perfiles más preparados y capaces para ejercer estos cargos de alta responsabilidad y dificultad técnica.
De lo contrario, sería como si una persona tuviera un problema fuerte de salud y acudiera con un médico elegido por mayoría y no con el más preparado o usted, ¿a cuál preferiría consultar?
En resumen, debemos disipar rápidamente el humo que dejan estas propuestas de reformas, a fin de no distraernos de la discusión de los verdaderos problemas que enfrentará la próxima presidenta o presidente del país, y que los mexicanos tienen el derecho de elegir sin chantajes, medias verdades o cortinas de humo de por medio.
