Más de 3,200 locales de votación abrieron este domingo sus puertas en Chile para recibir a los 15.4 millones de ciudadanos que tienen que decidir si aprueban o rechazan una nueva propuesta de Constitución.
La actual Carta Magna está vigente desde la dictadura (1973-1990) pero ha sido reformada decenas de veces en democracia.
Los locales de votación, que por ley son custodiados por los militares, cerrarán a las 18:00 hora local (21:00 GMT) y se espera que el resultado se conozca un par de horas después.
Se trata de la quinta votación constitucional desde 2020 y tiene lugar a las puertas de la Navidad, en medio de las compras navideñas y con muchos chilenos comenzando sus vacaciones estivales.
Pese a que el voto es obligatorio y los electores se arriesgan a ser multados si no sufragan, los expertos auguran una participación menor al 85.7 % registrado en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando los ciudadanos rechazaron de manera contundente la primera propuesta de carta magna.
El doctor Danivel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), aseguró a Aristegui Noticias que se trata de una de las jornadas electorales más largas del mundo, de 10 horas de duración.
Señaló que se desarrollaba con “absoluta normalidad” y que a las 10:13 ya se habían instalado el 98,45% de las mesas.
Los electores reciben la papeleta con la pregunta: “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?”, y deben escoger entre las opciones “A favor” o “En contra”.
Propuesta sin consenso
De 17 capítulos y 216 artículos, el texto no logró consenso político al interior del Consejo Constitucional, el órgano de 50 consejeros elegidos en las urnas que redactó la propuesta durante seis meses y donde la ultraderecha y la derecha tradicional hicieron valer su mayoría, con 22 y 11 escaños, respectivamente.
Las derechas defienden que la nueva propuesta constitucional es mejor que la actual carta magna porque “recoge” las preocupaciones ciudadanas actuales, como la seguridad o la migración, y asegura que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019.
El Estado social y democrático de derecho es la gran novedad con respecto a la Constitución actual, aunque la izquierda no ha quedado conforme con cómo ha quedado reflejada una de sus aspiraciones históricas y asegura que hay artículos que “vacían” el concepto y constitucionaliza el modelo neoliberal instalado en el régimen.
El texto incluye artículos que han generado gran polémica como la consagración del “derecho a la vida de quien está por nacer” -una norma que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-, la expulsión inmediata de los migrantes irregulares o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.
“Es una propuesta constitucional larguísima, llena de elementos programáticos que gustan a solo un sector del país, que profundiza el carácter neoliberal de la actual, y que exhibe contradicciones internas”, apuntó a EFE Javier Couso, constitucionalista de la Universidad Diego Portales (Chile) y la Universidad de Utrecht (Países Bajos).
Si se aprueba, explicó a EFE Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, “sería la segunda Constitución más larga de América Latina”.
“Esto se debe a que se constitucionalizaron normas que hoy en día están en las leyes orgánicas. Es un texto muy programático”, agregó.
Aunque los expertos dicen que el escenario está más abierto de lo que parece, las últimas encuestas publicadas hace más de dos semanas anticipaban que los ciudadanos votarán en contra del texto.
La incógnita es cuánto afectará a la opción que defiende la izquierda, la de rechazar la propuesta, un caso de corrupción que afecta a uno de los partidos de la coalición oficialista y que en los últimos días ha tomado impulso con la detención de dos personas.
Si finalmente se rechaza, seguirá vigente la actual Constitución y se cerrará al menos durante este mandato el debate constitucional porque el Gobierno ya ha dicho que no impulsará un tercer intento.
