Corría el año de 2006 cuando el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador le dijo “cállate chachalaca” al presidente Vicente Fox, cuando éste realizaba declaraciones que buscaban favorecer al Partido Acción Nacional (PAN) en la carrera presidencial de ese año.
Como resultado, en 2007 se realizó una reforma constitucional donde se estableció una adhesión al artículo 134 donde se prohíbe la promoción de gobernantes, además del impedimento para promover a favor o en contra de algún partido político o candidato.
Textualmente, el artículo señalado dice: “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
El penúltimo párrafo añade: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos… deberá tener carácter institucional y fines informativos… En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
En otras palabras, la constitución y la ley electoral se modificó explícitamente para evitar que se dieran nuevamente esas intervenciones, por lo que esa reforma es herencia de López Obrador. Desde entonces se ha aplicado esa legislación surgida desde aquél “cállate chachalaca!”.
Pero esto parece haber quedado en el olvido para el ahora Presidente de la República.
El pasado fin de semana, durante una entrega de programas para el Bienestar en el Estado de México, el mandatario aseguró que sólo con la victoria de Morena en la Presidencia y la mayoría en el Congreso, se puede obtener presupuesto para programas sociales.
“Es importante que se tome en cuenta que no sólo es ganar la Presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, si yo gano la Presidencia, como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente”, dijo textualmente López Obrador.
Con esto, el presidente quiso dar a entender que si los electores no votan por su partido, podrían desaparecer los programas sociales.
Nada más falso, pero además nada más ilegal que la intromisión del Ejecutivo federal en las elecciones de 2024, lo que tanto repudió en 2006.
Para empezar los programas sociales no pueden desaparecer ya que todos los partidos, incluyendo el PAN, PRI y PRD votaron a favor de incluirlos en la Constitución.
Por lo tanto, es falso que los partidos de oposición quieran desaparecer los programas sociales, y además sería virtualmente imposible que cualquier partido pudiera intentarlo, ya que tendría que contar con mayoría calificada (dos terceras partes) en el Congreso para una reforma constitucional de ese tipo, algo que ni Morena logró en 2018 con el triunfo de López Obrador.
Por otra parte, es importante que los órganos electorales sancionen de manera contundente la intromisión del mandatario en el proceso electoral al buscar promover el voto hacia Morena, lo que es claramente un acto incongruente, pero sobre todo violatorio de la ley de parte de quien protestó guardar y hacer guardar la Constitución y justamente las leyes que de ella emanan.
Twitter: @gomezreyna
