¿Puede un fiscal de un gobierno estatal estar por encima del Estado mexicano?
Las declaraciones de la mañana de ayer del presidente López Obrador responsabilizan de las masacres, asesinatos y desapariciones a Carlos Zamarripa, quien lleva 14 años como fiscal de Guanajuato.
Zamarripa ha “impartido justicia” en los últimos tres sexenios de gobiernos panistas en una entidad donde el crimen organizado y los delitos del fuero común y fuero federal van en aumento. La extorsión creció en este año 57.3 %, seguido del robo a transeúntes con 89.81 %, homicidio culposo con 16.09 %, entre otros.
AMLO tiene parte de razón cuando se refiere al fiscal, quien hasta entre panistas goza de pésima reputación por supuestamente tener nexos con cabezas del crimen organizado con fuerte presencia en Guanajuato.
En 2020 cuando José Antonio Yépez, alías el Marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima, dedicado a la extorsión, distribución de drogas y al huachicol, estaba siendo sitiado por las fuerzas federales, lanzó un video para comunicarse con el fiscal: “Mi Zamarripa, nomás espérame poquito, vamos a jalar como lo hemos hecho, vamos a acomodarnos bien”.
El periodista local Juan José López Plasencia recordó que, en octubre de 2017, Zamarripa aseguraba desconocer la existencia del Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder mientras el ejército se quejaba de la inexistencia de órdenes de aprehensión en su contra.
En octubre de 2017 circuló un video donde se apreciaba a 50 hombres armados y encapuchados para evidenciar la existencia del grupo criminal, pero el 3 de marzo de 2019, Zamarripa anunció el “Operativo Golpe de Timón” para desarticular al cartel. ¿Pues no que no existía? Esto luego de que la federación iniciara el combate al robo de combustible.
Todo huele muy mal en Guanajuato con Zamarripa y el Cartel de Santa Rosa de Lima.
Sin embargo, López Obrador no asume responsabilidades de los actos de violencia que pasan en Guanajuato y en otras partes del país, donde las actividades del crimen organizado son delitos que corresponde atacar a la federación, sin que eso tampoco deslinde de responsabilidad al gobierno local.
En el ánimo de deslindarse y echar toda la culpa al fiscal Zamarripa, el presidente de la República se ya se volvió violento en su discurso para fijar posicionamientos sobre las masacres. No respeta la memoria de los muertos a manos de bandas del crimen organizado ni el dolor de las familias de las víctimas.
Ya es un ejercicio común acusar muy a la ligera y sin una sola prueba a las víctimas, al decir, por ejemplo, que son atacadas y ejecutadas por consumir drogas o comprarlas en zonas equivocadas. Una injuria que merece reconsiderar la manera de enfrentar las atrocidades y las ejecuciones.
AMLO debe una disculpa pública y reorientar la estrategia de comunicación y quizá de la lucha contra los criminales. En las dos últimas masacres ha quedado de manifiesto que los cuatro jóvenes ejecutados en Celaya y los 12 en Salvatierra ni consumían drogas o fueron ejecutados en la posada porque no permitieron el ingreso a personas extrañas, que regresaron cortaron la luz y dieron ordenes de matar a todos.
Es decir, para López Obrador es normal que pasen las ejecuciones y que se mantengan activos los grupos del crimen organizado controlando las comunidades determinadas. Para él los culpables son los jóvenes por consumir drogas.
El presidente no quiere reconocer que falló su estrategia. No se ha olvidado que aseguró que según él su gobierno acabó con el huachicol en Guanajuato, donde se extraían 18 millones de litros de hidrocarburo al año antes del combate al huachicol. Ese delito, sin embargo, tuvo un incremento considerable de enero a septiembre de 2023, en comparación al mismo periodo de 2022, son datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ya no se sostienen los discursos con acusaciones simplistas. Se necesitan resultados verdaderos y aplicar la ley hasta donde tope. Nadie, ni un fiscal puede estar por encima del Estado mexicano.
UPPERCUT: Se manifestaron familiares de desaparecidos frente a Palacio Nacional en rechazo a las cifras presentadas por el presidente. Insisten en que se depuraron los números. Exigieron audiencia sin tener éxito.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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