Desde la época del México independiente solo un presidente de la República ha sido del estado de Nuevo León… y lo fue por muy corto tiempo. Valentín Canalizo Bocadillo, nativo de Monterrey, gobernó México de 1843 a 1844. El estado ha tenido dos candidatos a la presidencia: El militar Pablo González Garza, del municipio Lampazos de Naranjo. Planificó el asesinato de Emiliano Zapata y se auto postuló en 1919 para sustituir a Carranza, pero Don Venustiano ya había pensado en el sonorense Ignacio Bonillas, y González dio marcha atrás para dejarle el camino libre a Álvaro Obregón Salido. Aarón Sáenz estuvo muy cerca de la candidatura en 1929, pero Plutarco Elías Calles optó por Pascual Ortiz Rubio.
El otro candidato fue el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, que se postuló candidato independiente para la elección del 2018, en la cual obtuvo 2.9 millones de votos (5.23%). No ganó ni en su Estado.
Desde la salida abrupta del gobernador Eduardo A. Elizondo en 1971, por conflictos con los universitarios en el sexenio de Luis Echeverría, y la renuncia de Sócrates Rizzo en 1996 durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el estado no había tenido noticias en esa materia, aunque sí algunas turbulencias con las alternancias; pero, al final, políticamente las cosas marchaban bien en uno de los estados más ricos y el que generó al primer gobernador independiente de la historia reciente de México.
Ahora Nuevo León vuelve a ser noticia. Su joven gobernador Samuel García fue reclutado para postularse candidato a la presidencia para la elección de junio del próximo año por el partido Movimiento Ciudadano.
Un gobernador sin mayoría en el Congreso, decidió solicitarle licencia y al mismo tiempo aclararle a los diputados que él quería en el interinato asu “secretario de Gobierno Javier Navarro —para que se quedara a cubrir sus ausencias por 6 meses—(sic)”.
Desde un principio vio su solicitud de licencia como un mero trámite, sin medir las consecuencias políticas y jurídicas del caso, y creyendo que para él y MC sería un día de campo. Pero ya vimos que no fue así.
En un México con altos niveles de polarización política y donde —ahora con la llamada 4T— no se respetan las formas, sobre todo en la relación entre los poderes, y con las organizaciones de la sociedad civil, cualquiera se tendría que ajustar a la legalidad como principal recurso y agotar los niveles del diálogo para llegar a acuerdos, sin embargo, García se contagió de esa política y así le fue con el Congreso del Estado.
Ni en lo federal ni lo local se ha dado cauce a ese método del diálogo. Los nuevos en el poder, que gustan de denostar al pasado, llegaron para quedarse —dicen—, y en la medida de esa sensación de triunfalismo y soberbia que muestran a cada rato creen que pueden hacer lo que quieren con las leyes, el nepotismo, la normatividad vigente y las reglas de la política.
Es el caso del gobernador de Nuevo León, que se presume representante de “la nueva política” (sic), la misma de la llamada 4T: El ‘sin respeto’ a las formas, a la normatividad y a los poderes constituidos. Se trata de un lamentable caso de ‘juniorismo’ político, de esos acostumbrados a hacer y deshacer políticamente sin frenos y a su antojo.
¿Se acabaron las formas en México?, ¿Qué tanto puede —en estos tiempos— el derecho enfrentar los nuevos desafíos de la política?, ¿Qué tanto ha avanzado la democratización de México como para enfrentar con eficacia los nuevos desafíos de la pluralidad política?, ¿Qué tanto han influido las alternancias políticas en las nuevas formas de hacer política en México? Por lo que se ha visto, y sobre la última pregunta, podemos decir que poco. El manejo político y jurídico del caso Nuevo León ha ganado los titulares de los medios por las implicaciones que generó para los partidos políticos involucrados y el proceso electoral del 2024.
Algún despistado por la crisis de Nuevo León habló de desaparición de poderes, un absurdo total para los nuevos tiempos.
De hecho, desde que se dieron los dos últimos —hasta ahora—casos de desaparición de poderes en Guerrero e Hidalgo en 1975, el tema había sido casi olvidado por políticos y juristas, y se daba por hecho que esos casos no se repetirían en México porque en mucho habían ayudado las alternancias en estados y las reformas constitucionales (artículo 76) promovidas para evitar tales excesos.
Desaparecer poderes significaba una ofensa a los ciudadanos de los estados, que el gobierno central interviniera directamente para interrumpir períodos de gobierno y el funcionamiento de los poderes por decisión de los presidentes de la República, terrible para el sistema federal.
El peor error de Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, fue prácticamente ordenarle al Congreso local que dejara como gobernador interino a quien él recomendaba, Javier Navarro, su secretario de Gobierno, por los seis meses que duraría su licencia.
Cualquier estudiante de derecho sabe que las licencias, en el caso de los gobernadores, dependen del Congreso local, y que las ausencias menores a un mes siempre son cubiertas por el funcionario que en su caso señala la Constitución local sin mayor problema como “encargado del despacho”. En las licencias de más de 30 días, le corresponde a los miembros del Congreso local decidir y nombrar al interino que cubrirá la ausencia, como fue el caso de Nuevo León. Pero García retando a todos se empecinó en dejar al secretario de Gobierno y ahí se desató la controversia que desembocó en una crisis de gobernabilidad —aún sigue— y ameritó la intervención de la Suprema Corte.
García no tuvo el tino de llevarse bien con el Congreso local considerando que no le favorecen los números en las bancadas legislativas: el PRI y el PAN cuentan con 28 diputados y Movimiento Ciudadano solo 11.
El caso Nuevo León lleva implícitas varias lecciones: La soberbia política de García fue frenada por el Congreso local y la Suprema Corte. El gobernador seguramente —entre dimes y diretes— midió su propia circunstancia y llegó a la conclusión de que no podría ganar la Presidencia, a lo mucho alcanzaría un tercer lugar y una votación regular para su partido. También que sería mucho lo que perdería si alguien que no es de su equipo gobernara el Estado durante seis meses, enterándose de cosas que a lo mejor no quiere que se sepan…vaya usted a saber.
El artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el inciso VI los requisitos para ser presidente de la República: “No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección”.
El gobernador Samuel García anunció en la madrugada del sábado 2 de diciembre que regresaba al gobierno —exactamente a seis meses de la elección del 2 de junio del 2024—, lo que lo hace inelegible para ser candidato de acuerdo con la Constitución. Pero, en primer lugar, deja a su partido sin candidato y en segundo deja al Estado en crisis de gobernabilidad porque no atendió esas formas del derecho tan necesarias para la civilidad porque así hacen política—y pagan sus costos— ahora, quienes hablan de la “nueva política”. Esa que, al parecer, solo ellos entienden.
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